Mientras los sectores implicados la defienden como una actividad beneficiosa, sostenible e imparable, el asesor de la Vicepresidencia del Govern Balear, Antoni Sansó, deja claro que la intención del Ejecutivo es regular el alquiler de viviendas vacacionales de una forma muy restrictiva. Además de introducir nuevas exigencias a las viviendas ubicadas en edificios plurifamiliares, se quiere eliminar la excepción que les beneficia en la Ley General Turística vigente, de forma que sólo podrían darse de alta plazas nuevas si otras son dadas de baja.
Los demás ponentes han defendido también la necesidad de una regulación clarificadora, una normativa clara que acabe con la inseguridad jurídica, evite abusos y contribuya a una mejora de la calidad, si bien ven la vivienda vacacional como una buena oportunidad para aprovechar el excelente momento que vive nuestra industria turística. Consideran que crea riqueza de un modo “más democrático”, con una distribución geográfica más amplia y positiva para pequeños segmentos a los que no llega el turismo tradicional.
Durante la sesión, también se han puesto de manifiesto las contradicciones en materia normativa y han dirigido críticas contra la “doble moral” de la Administración balear, que ingresa el impuesto turístico procedente de viviendas vacacionales dadas de alta a las que luego califica y sanciona como ilegales. En este sentido, Antonio Sansó ha trasladado a la audiencia que la Administración será inflexible y seguirá sancionando.
Tanto ponentes como asistentes se han centrado en destacar la necesidad de arbitrar medidas para evitar los problemas de convivencia en viviendas plurifamiliares, a la vez que constatan la dificultad para diferenciar entre alquiler residencial y turístico, y defienden la validez de la comercialización directa por Internet como herramienta incuestionable en pleno siglo XXI.
