Se denuncian irregularidades que habrían afectado a casi doscientos mil votos en las elecciones de aquel febrero lejano pero inolvidable. Trapiello afirma que “no sabemos si un recuento riguroso y honrado habría evitado la guerra civil”. No seré yo quien niegue pucherazos en procesos electorales de hace 80 años, aunque nadie puede dudar que se podrían haber producido en ambos bandos. Pero a partir de esa especulación sobre el pasado, le pregunto al columnista sobre las dos siguientes evidencias del presente.
Primera: En agosto de 2016, y tras un largo trabajo también de “hormiguitas”, descubrí un desfase de más de 91.000 electores en la información oficial sobre los resultados de las elecciones del 20D de 2015. El descuadre se concentraba, principalmente, en los censos de las provincias de Castilla León y podía implicar una atribución de escaños injusta y a favor del PP. Recurrí a Convocatoria Cívica, entidad impulsada por el juez Garzón, Mayor Zaragoza y otros, y el Ministerio se vio obligado a reconocer “errores”. Al día siguiente de la denuncia, el 7 de octubre de 2016, Interior modificó esa información y publicó, con evidente retraso, la de las elecciones del 26J.
Segunda: Hoy resulta indiscutible que, a lo largo de la democracia, el PP ha conseguido muchos diputados y concejales, que podría no merecer, gracias a la apropiación indebida y continuada de dinero público para así inflar sus campañas electorales. Le pregunto a don Andrés si le parecería bien que yo organizara un golpe de estado para sacar del gobierno a Rajoy, sin esperar a la Justicia, por muy lenta que sea, o a conseguir la mayoría en el Congreso. Un comportamiento, el de respetar la democracia por muchos defectos que tenga, que es mi obligación, y que también lo era para un tal Franco en el 36, en lugar de provocar una “guerra civil”.
En lugar de recurrir a la violencia, le pido a Trapiello que acceda aquí a Change.org y se sume a las más de 16.000 firmas que le piden al ministro Zoido la revisión del recuento de 2015 y la publicación de todas las actas electorales. Y que, como acción pacífica que es, la divulgue. Evitaremos la tentación de repetir un pasado que ya no podemos ganar.
