El primer informe contenido en el dossier, Bajo nivel educativo, baja participación laboral, elaborado por la profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, Begoña Cueto, analiza el fenómeno del paro juvenil en España, el país de la Unión Europea en el que se ha producido una mayor reducción del empleo en este colectivo, concretamente de 22 puntos entre 2007 (cuando la tasa de empleo alcanzaba el 55,7 %) y 2015 (33,7 %).
Sin embargo, los factores estudiados, gracias a la explotación de los microdatos de la Encuesta de Población Activa, detallan que el efecto de la destrucción de empleo es muy diferente según el nivel de estudios, ya que los jóvenes con un déficit de formación tienen un problema tanto de desempleo como de inactividad, es decir, no participan en el mercado de trabajo.
La autora de Bajo nivel educativo, baja participación laboral manifiesta que el desempleo juvenil se ha tratado erróneamente como un fenómeno homogéneo. El estudio revela que la situación de partida de cada joven en cuanto a su nivel de estudios influye directamente en su éxito laboral y, en consecuencia, en el futuro, en su probabilidad de riesgo de pobreza y exclusión social.
En El reto de la Garantía Juvenil, de la profesora titular de sociología de la Universidad de Valladolid, Almudena Moreno, insiste en la idea del arraigo del desempleo de los menos cualificados. La profesora sostiene que, a menor edad y menor formación, mayor es la tasa de desempleo, algo que se ha acentuado con la crisis.
Durante la recesión, la tasa de empleo de los menores de 30 años se ha reducido entre 25 y 30 puntos en la población que dispone de estudios primarios; 20 puntos entre los que tienen la ESO, y 10 puntos entre los que cuentan con estudios superiores.
Aparte de los jóvenes, según muestra el informe de Cueto, tanto en los momentos de expansión como en los de crisis, la tasa de empleo entre las personas con cualificación baja no llega al 60 % en los momentos centrales de sus vidas, mientras que la de aquellos que tienen estudios superiores alcanza el 90 %. Por lo tanto, se trata de un fenómeno arraigado hasta el punto de que, desde mediados de los ochenta, la ocupación de los varones con baja cualificación ha descendido en 20 puntos.
El informe de Cueto quiere también desmontar el mito de los «ni-nis», que categoriza negativamente a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. De hecho, la autora explica que el porcentaje de estudiantes es muy similar al de ocupados (36,7 % y 37 %, respectivamente).
Por lo que respecta a los jóvenes inactivos que no participan en el mercado de trabajo (no están trabajando pero tampoco están registrados en las listas del paro), estos casos han aumentado considerablemente con la crisis. En 2008, era inactivo el 32,5 % de los menores de 30 años, una cifra que en 2016 alcanzó el 44,5 %.
La causa principal es que muchos jóvenes han continuado sus estudios, especialmente aquellos que tienen niveles medios. De hecho, entre quienes completaron la ESO en 2006 era inactivo el 36 %, el 23,5 % por estar cursando estudios; en 2016, en cambio, era inactivo el 51,8 % de las personas con educación secundaria, el 43,9 % por seguir estudiando.
Sin embargo, existen otras razones para no buscar empleo y éstas no son homogéneas según el nivel de estudios y sexo. La enfermedad o incapacidad propia, o el cuidado de dependientes y las responsabilidades familiares son algunos de los motivos esgrimidos para no encontrarse en búsqueda activa de trabajo.
Si analizamos las estadísticas según los estudios, es en el grupo de jóvenes con estudios primarios donde aumenta el porcentaje de razones no vinculadas a la formación (24 %, frente al 10 % que suponen en otros grupos). En cambio, si miramos a los datos teniendo en cuenta el sexo, vemos cómo la enfermedad o incapacidad propia es la razón para no buscar empleo de un 28,5% de los varones y de un 17,2% de las mujeres que tienen estudios primarios. Entre las mujeres, el cuidado de dependientes o las responsabilidades familiares o personales son otras de las causas relevantes para no buscar empleo, especialmente entre quienes tienen estudios primarios.
Por otro lado, el artículo de Almudena Moreno analiza el motivo de que las políticas de empleo (formación, asesoramiento en la búsqueda de empleo o incentivos a la contratación) no estén funcionando para combatir la desocupación juvenil. Por un lado, aquellos jóvenes con menor formación son los que menos se registran como demandantes de empleo. Los que más acuden a las oficinas de empleo son quienes han cursado la ESO y son, asimismo, los más beneficiados por la aplicación de la Garantía Juvenil, una recomendación adoptada por el Consejo Europeo para que los menores de 25 años tengan una oferta de empleo y formación en los cuatro meses posteriores a la finalización de sus estudios o a la entrada en situación de desempleo.
En España, donde esta iniciativa se aplica desde 2014, la acogida ha sido limitada, aunque desde agosto de 2015 los inscritos han aumentado, ya que en esas fechas se amplió el rango de edad hasta los 29 años. En el caso de los registrados como demandantes de empleo, los inscritos en la Garantía Juvenil eran el 52,9 % en el tercer trimestre de 2016; entre los parados jóvenes de la EPA apenas un 30 % se había inscrito y el porcentaje cae al 14 % entre los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Tan sólo el 25 % de los jóvenes españoles conocía, en abril de 2016, esta iniciativa, según el Eurobarómetro.
Con todo, existen otros indicadores de la Garantía Juvenil que vale la pena analizar, como el porcentaje de jóvenes que tras seis meses de estar registrados ha encontrado empleo o formación. En España, sólo lo hizo un 38 % de los inscritos, frente al 71 % de éxito de los irlandeses o el 68 % de los italianos. En el caso de los españoles, el 30 % encontró empleo, el 55 % se estaba formando; el 12 % era aprendiz y el 1 % estaba haciendo prácticas.
