En un comunicado, esta plataforma de alquiler ha considerado que la normativa representa "un paso atrás que va contra las recomendaciones de la UE" y que "dañará a las familias de clase media, que perderán la libertad de compartir sus hogares".
Según reiteran, es "mala para las familias de clase media" puesto que muchas de ellas obtienen "ingresos extra" al alquilar una estancia en su residencia habitual o una casa en las Islas, "proporcionando una experiencia verdaderamente local y sostenible". "Esta nueva normativa hará que esto sea cada vez más difícil, protegiendo de esta manera el negocio de los grandes hoteles", añaden.
Además, explican que la normativa no distingue entre operadores profesionales y no profesionales, con lo que las familias "que, de vez en cuando, comparten sus hogares serán tratadas como operadores comerciales y sujetas a reglas arcaicas escritas para una industria diferente, incluyendo un complejo sistema de zonificación y registro que dañará a las familias de clase media".
Airbnb también asegura que la Ley dificulta que los visitantes y los beneficios generados por el turismo se extiendan más allá de lo núcleos y las áreas tradicionalmente turísticas. Según dice, esta "dispersión" es la que facilita que haya más gente, comunidades, negocios y zonas que se benefician del turismo.
Por otro lado, defienden que beneficia a los hoteles porque se tratará a los ciudadanos que comparten sus casas "de la misma marea que como si fueran un hotel, sin tener en cuenta que hay una gran diferencia entre compartir un espacio de la propia casa o el hogar y gestionar un hotel. Los ciudadanos que comparten su casa son los primeros interesados en que se respete el entorno y la convivencia con los vecinos".
Así, apuntan que los ciudadanos de las Islas necesitan una normativa clara que distinga entre las personas que comparten un espacio en su casa y los hoteles, al igual que ya han hecho otros destinos turísticos, como Grecia.
También explica que "ignora las recomendaciones de los expertos en el ámbito de la regulación de la economía colaborativa" y "deja de lado el llamamiento de la Comisión Europea para regular de manera adecuada la economía colaborativa, ignora los informes de las autoridades de la Competencia que piden nuevas regulaciones que aumentan las oportunidades económicas para las personas o los ciudadanos y el compromiso del Govern que justifica esta normativa como iniciativa para ayudar a los ciudadanos a beneficiarse del turismo".
Esta plataforma incide también en que la autoridad española de la Competencia (CNMC) señaló hace un año que España debe adoptar la economía compartida e introducir nuevas regulaciones que den más poder a los consumidores y concluye destacando que la decisión de publicar esta nueva normativa de turismo "no cuenta con consenso y se produce en un contexto político complejo".
