Así lo ha anunciado el vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, en la rueda de prensa tras los acuerdos del Consell de Govern en la que también ha dicho que esta modificación pretende ser "una solución equilibrada" en beneficio del "bien común" y que avance hacia "un modelo turístico sostenible". Además, ha destacado que de 294 alegaciones, se han aceptado 85 en su totalidad y se han admitido parcialmente, 112.
Sobre la puesta en marcha de esta nueva normativa, Barceló ha avanzado que "si el Parlament trabaja rápido, en dos meses podría tenerse aprobada" aunque ha precisado que hasta que "entre en vigor" los consells insulars "no podrán llevar a cabo la zonificación" de las viviendas para alquiler turístico.
Además, ha explicado que para acelerar la zonificación, los consells insulars y el Ayuntamiento de Palma tienen que emitir la delimitación de las zonas aptas para la comercialización en el plazo máximo de ocho meses desde la entrada en vigor de esta ley.
También en este apartado, la ley deja claro que el Govern considera como alquiler turístico todas las estancias con una duración inferior a un mes. "Los alquileres de menos de un mes serán turísticos a no ser que se demuestre lo contrario", ha manifestado el vicepresidente.
Por otro lado, los informes que los consells insulars tienen que solicitar antes de redactar la zonificación, se considerarán vinculantes en aquellos aspectos que introduzcan un mayor nivel de restricción.
Es decir, según el nuevo redactado de esta normativa, los ayuntamientos podrán prohibir el alquiler turístico en todo o parte de su término municipal, si lo consideran oportuno o necesario para proteger el derecho de los residentes al acceso a la vivienda.
Respecto a las viviendas en edificios plurifamiliares, la ley establece que no solo tienen que tener un contador individual y oficial de agua, sino también otros suministros energéticos, como gas o electricidad. Con esta medida, también se protege la comunidad de vecinos de tener que asumir sobrecostes eventuales causados por el alquiler turístico.
Sobre las expedientes por infracciones, Barceló ha señalado que tenía un "embudo a la hora de tramitar sanciones" por lo que ha dicho que se llevará a cabo "un incremento real" de plazas.
En relación a las sanciones, la nueva norma establecerá que para evitar el perjuicio que supone la comercialización indiscriminada de estancias turísticas en viviendas no legalizadas, se obligará a las administraciones turísticas imponer sanciones por infracción grave en su margen más elevado: entre 20.000 euros y 40.000 euros. Estas sanciones podrán ser impuestas a propietarios, a explotadores y comercializadores.
