Se trata del delito de fraude de subvenciones, ya que, según la acusación estatal, la ayuda de seis millones de euros concedida por la Consejería de Cultura para el proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras fue invertida finalmente en otro bien distinto, indicaron a EFE fuentes de la fiscalía.
En un escrito que la Fiscalía Anticorrupción ha entregado en el TSJ se señala que entre el proyecto presentado al solicitar la subvención y el que finalmente se ejecutó existen grandes diferencias.
Así, señala que se cambió la parcela sobre la que se realizó y, además, mientras que en un principio de hablaba de un único inmueble, al final se levantaron tres.
El ministerio público reclama al instructor, el magistrado Julián Pérez-Templado, que practique las diligencias de prueba precisas para acreditar los hechos que recoge en su escrito.
En la exposición razonada que el Juzgado de Instrucción de Lorca elevó al TSJ se atribuían a Sánchez los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.
