Al inicio de la vista previa, a la que no ha asistido Huertas -sino que ha estado representada por su abogado y procuradora-, ha quedado descartada la posibilidad de una conciliación puesto que la defensa de la ex presidenta ha puesto como condición que la diputada sea reintegrada en Podemos.
A esto, la letrada de Podemos, Aina Díaz, ha respondido que consideran que la expulsión se hizo correctamente por lo que no admitían la petición. Además, ha dicho no entender la solicitud incidiendo en que Huertas ha votado en varias ocasiones contra el partido y que ha dirigido críticas a la dirección en varias ocasiones.
Hechas las alegaciones por las partes, la juez ha fijado los hechos controvertidos que deberán abordarse en el juicio.
El primero de ellos es si Huertas manifestó en una reunión del Consejo Ciudadano que votaría no a los presupuestos incluso en contra de la voluntad de la Asamblea Ciudadana, extremo que la defensa de la diputada niega. Sobre esto, la demandante solicita incorporar un acta de la reunión que Podemos mantiene que no existe. No obstante, no está en cuestión el que Huertas manifestara que votaría en contra de los presupuestos si no se "arreglaba" el convenio de Daniel Bachiller en el chat del partido, una conversación aportada como prueba a la causa.
Otra cuestión es que representación de Huertas asegura que ha habido un "trato discriminatorio" puesto que, según su versión, Baltasar Picornell se expresó "en los mismos términos" respecto a los presupuestos pero ha sido propuesto y nombrado presidente; a esto, Podemos alega que Huertas tiene "especial inquina" contra Picornell y que "busca hacerle daño" por ser quien le ha suplido en la Presidencia.
Sobre esto, la letrada de Podemos ha advertido de la posibilidad de estudiar emprender acciones legales por vulnerar el honor de Picornell. Además, ha acusado a Huertas de querer promover un "show mediático" con la causa.
Otra cuestión para el juicio es la nulidad del expediente sancionador que argumenta la ex presidenta en base a supuestas irregularidades en su tramitación. A esto suma una presunta "contaminación" en el procedimiento por parte de la comisión de garantías estatal que, según la demandante, habría dictado ya una resolución antes de la autonómica.
Por su parte, el Ministerio Fiscal cuestiona si se ha vulnerado el derecho a la libertad política y de expresión de Xelo Huertas y si bien no ve incorrección en el proceso plantea valorar la "razonabilidad" de la sanción.
A propuesta de las partes, la titular del juzgado de instrucción 14 ha admitido diferentes pruebas testificales, entre ellas las del miembro de la Comisión de Garantías Democráticas estatal Pedro Fernández (por videoconferencia), el investigador Daniel Bachiller, el secretario de organización Alejandro López, el instructor del expediente, Joan Canyelles, y las de otros miembros del partido.
La juez no ha admitido la testifical de un periodista con la que la defensa del partido pretendía demostrar que Huertas habría "presionado" a los consellers del Govern Catalina Cladera y Biel Barceló en relación a los presupuestos y la no renovación del convenio de Daniel Bachiller.
