Según apunta Europa Press, mediante un escrito de 18 páginas el Ministerio Público sí reclama que continúe el proceso penal contra el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, su exvicesecretaria técnica Eugenia Cañellas, el exjefe de la secretaria de Presidencia Antoni Salom y los propietarios de Minser, Juan Carlos Escuer y Gabriel Ribas.
Los fiscales consideran que todos ellos "idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron" en 2006 una serie de actuaciones dirigidas a sustraer "importantes" cantidades de fondos públicos con la adjudicación a Minser de contratos que eran "una mera ficción" y que, en última instancia, acabaron beneficiando a UM y a la figura de Nadal.
La acusación considera, sin embargo, que no hay indicios suficientes para dirigir acciones penales contra Munar y otros exaltos cargos como el exconseller de Obras Públicas Antoni Pascual, el exdirector insular de Carreteras Gonzalo Aguiar, la exdirigente de UM María José Rodríguez y la exsecretaria de Nadal Antònia Vidal.
En su escrito, con el que la Fiscalía pide que se ponga fin a la instrucción de esta causa como paso previo a su enjuiciamiento -lo que se conoce como pase a procedimiento abreviado-, relata cómo Nadal se concertó con los propietarios de Minser para hacerles adjudicatarios de dos encargos por 30.000 euros cada uno a fin de que la empresa contratase a determinadas personas que, o bien desarrollarían sus servicios para UM o bien serían dadas de alta sin realizar labor alguna y cuyo sueldo sería abonado al partido.
Por su parte, Cañellas era la encargada de individualizar, seleccionar y definir a las personas que debían ser contratadas por Minser, cuyos administradores, a cambio, serían retribuidos con futuros expedientes públicos.
Según los fiscales Juan Carrau y Ana Lamas, Cañellas redactó los pliegos de cada uno de los expedientes y fue designada como la persona encargada de velar por el cumplimiento de los respectivos contratos, cuyo objeto supuestamente ficticio era la realización de un informe sobre señales de tráfico en las carreteras de Mallorca y otro sobre los hábitos de lectura entre los jóvenes. Por su parte, Antoni Salom se habría encargado de firmar los documentos necesarios para poder llevarse a cabo la contratación.
Por su parte, Ribas y Escuer, quienes fueron detenidos en mayo de 2012 a raíz de estos hechos y permanecieron un mes en prisión sin fianza, colaboraron de este modo "en la financiación de UM", tal y como postula la Fiscalía, y ello con su participación en los dos expedientes a través de empresas que pertenecían al mismo grupo, conculcando así la libre concurrencia al proceso.
