El voto negativo a la propuesta del ejecutivo de Rajoy fue saludado con una euforia de puños cerrados – Podemos y los estibadores en la tribuna de invitados competían para mostrar quién apretaba más los puños -, que recordaba épocas bastante más convulsas y tenebrosas de la historia.
Los estibadores han construido a lo largo de los años una trama de privilegios – ahora que Podemos se ha fijado como objetivo político la denuncia de las tramas el término adquiere nuevos significados-, de los que no goza ningún otro colectivo laboral: sólo admite nuevas incorporaciones por cooptación o por herencia familiar y está en condiciones de imponer sin discusión posible las reglas laborales que les puedan afectar; sus emolumentos son comparables a los enemigos públicos número uno del partido de Pablo Iglesias, los ejecutivos de cierto nivel de las empresas del IBEX. De ahí que el cerrado apoyo de la izquierda parlamentaria, y Ciudadanos, únicamente pueda explicarse en el objetivo de dejar en evidencia al gobierno, sin importar los costes que para la economía general pueda tener la defensa de las prebendas de los estibadores.
El caso de Ciudadanos todavía resulta más sangrante. Quienes se proclaman herederos de los “liberales valientes” que hicieron la Constitución de 1812, lo ha reiterado Albert Rivera en Cádiz estos días, se pliegan a los designios más corporativistas del sector de la estiba. Todo por reivindicarse políticamente ante el PP. Cierto es que el gobierno podría haber resuelto el problema de los estibadores durante el mandato por mayoría absoluta y tampoco le dedicó demasiado tiempo, lo cual no justifica sin embargo una decisión especialmente perjudicial para Baleares, cuyo abastecimiento depende casi en exclusiva de sus puertos. Lo expresaba con claridad el presidente de la Asociación de distribuidores de Alimentos y Bebidas en Canal 4 Ràdio, en el programa Entre tú i jo, Bartolomé Servera: “hay hoteles que no podrán abrir en Semana Santa debido a que no llega el material de obra”.
Habrá que ver las explicaciones de socialistas, Podemos y Ciudadanos a los trabajadores que verán aplazados sus contratos por tal circunstancia. Y sin duda no son contratos de 60.000 euros anuales sin incentivos. Entre unos y otros han escrito un autentico tratado de incoherencias.
