Las informaciones de Diario de Mallorca han desvelado que el científico participó en la negociación del pacto de Podemos, PSOE y Més con plenos poderes incluso para vetar el acuerdo si no se atendían sus demandas particulares de mantenimiento económico de su estatus investigador. De aquellos polvos, el lodo de “un gasto inapropiado” de 48.000 euros y la aportación de un millón y medio de euros durante los últimos años, “sin ninguna evidencia de resultados”, según los documentos aportados por el periódico. El comité de empresa de la Fundació per a la Investigació Sanitària de les Balears se ha dirigido por escrito al segundo de a bordo nacional de Podemos, Pablo Echenique, colega de Bachiller como funcionario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en términos que no dejan lugar a las dudas. Los representantes de los investigadores sanitarios hablan de “un problema que lastra la investigación biomédica en Baleares” (Bachiller recibe el 20% del presupuesto destinado a investigación) y de “arbitrariedad ostensible”. El PP ha calificado el caso directamente de chantaje de Podemos, al que socialistas y Més han cedido sin ningún escrúpulo.
Cuando en un primer momento se interrogó al Govern acerca de las anomalías asociadas al laboratorio del dirigente de Podemos, el Ejecutivo lo defendió enconadamente. Ahora sabemos que los asuntos profesionales y personales de Bachiller eran parte del precio pagado por Francina Armengol para ser presidenta de Baleares.
Ante el escándalo, llama la atención la reacción de Podemos, idéntica a la de todos los partidos que se ven envueltos en casos como el de Bachiller: se trata de una campaña orquestada contra el científico y contra el partido. En parlar d’un mateix, no riuen y Podemos ha tirado del más rancio recurso de la que descalifica como vieja política. Aquellas denuncias de Podemos por la política de colocación de familiares y amigos de los socialistas en la administración deberán inscribirse, ahora, visto lo visto, en el capítulo de las hipocresías. Risas aparte para la reacción del portavoz parlamentario del PSOE, Andreu Alcover: “Quien tiene competencias en este tema es el Estado y, si me apura, el PP”.
Como medida profiláctica, Podemos dice que aparta a su alto cargo de la negociación de los presupuestos para el año que viene. Ahora faltan las explicaciones.
