El estudio, elaborado por la organización Transparencia Internacional, constata una "mejora general" del nivel de transparencia de las 19 instituciones con respecto a las puntuaciones que obtuvieron en 2014. En esa primera edición del estudio la puntuación media global fue de 64,1 sobre 100, mientras que en la actual ha sido de 82,2.
El presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, ha hecho hincapié en la mejora, aunque ha señalado que "todo lo que sea quedarse lejos del 100 es un fracaso": "No está mal, pero es insuficiente según nuestro modo de ver", ha añadido durante una rueda de prensa convocada para presentar los resultados.
El estudio sitúa a la Asamblea de Madrid, al Parlamento de Canarias y a las Cortes de Castilla-La Macha en los primeros puestos del ranking de transparencia logrando más de 95 puntos. Concretamente, la institución de la Comunidad de Madrid obtiene un 100 sobre 100 en transparencia, la de Canarias un 98,8 y Castilla-La Mancha un 98,1.
Le sigue las Cortes de Cantabria (94,5), el Parlamento vasco (90,6), la Asamblea de Extremadura (89,4), el Parlamento murciano (87,5), y el asturiano (86,3). Por debajo de los 85 puntos logrados por el Parlamento de La Rioja está el Senado, con una puntuación de 82,5; el Parlamento de Galicia, con 81,3; las Cortes de Castilla y León, con 80,6 puntos; las Valencianas con 79,4 puntos; y el Parlamento catalán, con 76,9.
Con menos de 70 puntos ha sido evaluada la transparencia del Congreso de los Diputados (68,8 puntos); la del Parlamento de Navarra (67,5); la del balear (66,9); la de las Cortes de Aragón (64,4); y, en última posición, el Parlamento andaluz (63,1).
Para Lizcano, es "importante" que los parlamentos demuestre su intención de mejorar sus niveles de transparencia. Pero el abogado Jesús Sánchez Lambás ha apuntado que "no son unos buenos resultados" y, de hecho, son "muy pobres" teniendo en cuenta la "modernización" de las instituciones: "Nada de esto sería de recibo en ninguno de los países del norte de Europa y sería sancionado durísimamente por la opinión pública", ha remachado.
Desde Transparencia Internacional han destacado el esfuerzo realizado especialmente por los parlamentos de Madrid y Canarias, ya que ambos ocupan los primeros puestos, mientras que en 2014 se situaban en los últimos del ranking. "Es una cuestión de actitud", ha declarado Lizcano para explicar esta subida en los niveles informativos de ambas cámaras, incidiendo en que la organización TI no pide "cosas imposibles", "solo documentos que interesan" a los ciudadanos.
El estudio mide el nivel de transparencia en base a 80 indicadores que evalúan seis áreas de transparencia. De estas seis, la relativa al 'Derecho de acceso a la información' es la que peor parada ha salido, al obtener una nota media de 68,7 puntos sobre 100.
De hecho, en este ámbito suspenden los parlamentos de Baleares (11,1); el navarro (22,2); el de Aragón (33,3); el de Cataluña (44,4); y el andaluz, que obtiene la misma nota que el catalán. Por su parte, el Parlamento canario, el cántabro, la Asamblea de Madrid y las Cortes de Castilla-La Mancha cosechan la puntuación más alta posible: 100 sobre 100.
Lizcano ha explicado que algunas de las instituciones analizadas expresan "más resistencia" a publicar datos relacionados con la contratación pública o con los gastos en viajes por parte de los parlamentarios. A su juicio, a pesar de que los Parlamentos no tienen la obligación legal de publicarlos, sí tienen la "obligación moral" ya que son los ciudadanos los que "financian" las cámaras
Las cinco áreas restantes analizadas consiguen una nota media mucho más alta: Información sobre la actividad parlamentaria (88,2); Relaciones con los ciudadanos y la sociedad (85,2), Transparencia económico-financiera (75,1), Transparencia en las contrataciones (74,7) e Información sobre el Parlamento (90,6).
En cualquier caso, desde Transparencia Internacional apuntan que hay todavía un buen número de "asignaturas pendientes" como la inexistencia de un Código ético parlamentario o la falta de una oficina de información al ciudadano, además de la no publicación de los gastos de viaje individualizados de los parlamentarios o de sus contratos en la plataforma de contratación del sector público, entre otras "carencias" informativas".
