Se tienen en cuenta numerosos y distintos parámetros: desde la ventilación, la humedad, la luz, la accesibilidad… y también los metros cuadrados reales habitables.
En España la legislación marca los metros cuadrados mínimos que debe tener una vivienda para considerarse habitable. Las comunidades autónomas que disponen de su propia ley de habitabilidad (la mayoría) marcan los límites que consideran oportunos.
Aquellas que no disponen de dicha ley, se basan en una Orden del Ministerio de la Gobernación que data de febrero de 1944, con lo cual no son pocos los expertos que creen que se ha quedado ya obsoleto.
En el ranking de los tamaños mínimos mayores en casos de pisos antiguos o ya consitruidos, la región de Murcia encabeza el listado con 40 metros cuadrados mínimos para considerarse habitable.
Imagen de uno de los minipisos ofertados en Palma.
A la cola está Ceuta con un mínimo de 20 m2, Andalucía (24 m2), Extremadura y Canarias (25 m2) y nuestra comunidad –Illes Balears- empatada con Galicia estableciendo los 26 metros cuadrados como superficie mínima.
Madrid se posiciona en segunda posición con un mínimo legal de 38 m2, seguida de Aragón (37m2), Catalunya (36m2) y País Vasco con 35m2. El resto de comunidades establecen los 30 metros cuadrados como la superficie mínima exigida para que una vivienda sea susceptible de ser habitada.
En Balears, si se trata de un piso de nueva construcción se exigen un mínimo de 40 metros cuadrados útiles para poder obtener la pertinente cédula de habitabilidad.
El aumento del precio del alquiler unido la escasa oferta inmobiliaria ha hecho que los conocidos como “minipisos” hayan proliferado en los últimos años en Balears, con especial virulencia en determinadas zonas como Eivissa. Sin ir más lejos el Ajuntament de Palma tiene, a día de hoy, documentadas siete ofertas concretas de pisos en alquiler o venta que no alcanzan los 26m2 mínimos exigidos.
Desde la delegación de Urbanismo de Cort han decidido dar la voz de alarma y poner en manos de la Conselleria d’Habitatge estos casos. Denuncian abuso del mercado inmobiliario donde los propietarios de los pisos son de diversa índole: particulares, entidades bancarias y también inmobiliarias.
Desde el Govern balear quieren acabar con la infravivienda o con los también conocidos como “pisos patera”. De este modo han establecido sanciones de hasta 30.000€ a quienes anuncien este tipo de propiedades. Sanciones para los propietarios pero también para las inmobiliarias o portales inmobiliarios que los anuncien.
La Ley de Vivienda balear, mediante la última modificación validada en el Parlament (junio 2021), permite que los inspectores utilicen identidades falsas para detectar y multar a los infractores. O sea, no es necesario que se identifiquen como inspectores de la Administración Pública.
