En el dictamen, la Comisión además recomienda adoptar medidas y plantear, si es necesario, el cese de los altos cargos incumplidores para "restaurar la credibilidad de la ciudadanía". Con todo, matiza que es necesario "conocer de forma precisa las circunstancias que hayan conducido a la decisión de incumplir la estrategia de vacunación".
Cabe señalar que, si bien hubo varios casos de altos cargos vacunados en los primeros días de la campaña que suscitaron polémica, el escrito presentado a la Comisión no concretaba los casos específicos de altos cargos vacunados, de manera que el órgano se ha pronunciado solamente sobre supuestos en abstracto.
Para la Comisión, es "claro" que la estrategia de vacunación se centraba en sus inicios en personas internas en residencias de mayores y de discapacidad y en el personal sociosanitario que les atiende, por su mayor riesgo ante el COVID.
La Comisión señala que, en febrero de 2021, "cuando las dosis no eran todavía suficientes en Baleares y se había adoptado la estrategia de vacunar en primer lugar a los colectivos más vulnerables", era evidente que "cualquier ciudadano que se vacunara sin formar parte de este colectivo o sin ser personal sociosanitario en riesgo estaría llevando a cabo una conducta muy poco ética".
En esta línea, argumenta que una persona que recibiera la dosis adelantándose a esos colectivos "estaría privando a una persona vulnerable o a un sanitario en riesgo de una dosis que podría resultar vital para su supervivencia".
Si ese ciudadano, además, fuera un cargo público firmante del código ético, "y hubiera utilizado su posición institucional para obtener una dosis de vacunación que no le correspondía", "está claro que (...) estaría incumpliendo claramente su compromiso de actuar con integridad".
En cambio, la Comisión razona que en un contexto como el actual, ya sin problemas de suministro de dosis, se consideraría una falta de ética rechazar la vacuna cuando al cargo público le corresponde por grupo de edad.
En cualquier caso, la Comisión reconoce que es complejo cuadrar el número de dosis preparadas con las que finalmente se pueden aplicar --porque las personas citadas no se presenten, por ejemplo--, y que el principio de eficiencia aconsejaría no malgastar ninguna dosis. Con todo, matiza que eso no significa "que se pueda incumplir la estrategia de vacunación o que no existen responsabilidades en su cumplimiento".
Sobre esta cuestión, el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha defendido que el informe de la Comisión "no obliga a nadie a depurar responsabilidades políticas".
Yllanes ha explicado que "el informe dice que si se pudiese apreciar alguna irregularidad, se deberían depurar responsabilidades políticas, pero no obliga a nadie". "Hay que leerse el informe entero, los grandes titulares no reflejan lo que realmente dice la Comisión Ética", ha añadido.
Por su parte, el secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado, ha asegurado que el informe "viene a decir que la propia Comisión no es competente para investigar lo que se le preguntó". Según Jurado, el dictamen "dice que dependiendo de lo que haya pasado puede ser contra el código ético o puede no serlo".
Cabe señalar que, si bien hubo varios casos de altos cargos vacunados en los primeros días de la campaña que suscitaron polémica, el escrito presentado a la Comisión no concretaba los casos específicos de altos cargos vacunados, de manera que el órgano se ha pronunciado solamente sobre supuestos en abstracto.
