La historia termina poniendo las cosas en su sitio, pero la sociedad llega siempre al futuro marcada por las batallas que antes libró contra sus propios miedos. Y en esta ocasión, de la derrota que ha sufrido a manos de su propia clase política se derivarán consecuencias tan imprevisibles como destructivas, tanto para la escala de valores como para la confianza en las instituciones.
Se trata de la huida a Emiratos de Juan Carlos I, una operación de Estado que organizaron, clandestinamente, Pedro Sánchez y Felipe VI mientras coincidían con los presidentes autonómicos en San Millán de la Cogolla. Continuando con políticos que se ríen de quienes les han concedido su confianza en las urnas, recordamos a la “ex” ministra Calvo declarando tres días después que el anterior rey seguía a disposición de la Justicia, burla que se atrevió a repetir el 12 de mayo de 2021.
Pero cuando la clase política actúa dividida a la hora de cometer maldades, la sociedad puede triunfar.
Durante este mismo siglo tuvo lugar otro hecho de gran relevancia que cubrió de vergüenza a los políticos, aunque solo a los del PP y con Aznar en La Moncloa. Fue la gran mentira sobre el atentado del 11M de 2004, pero el pueblo consiguió evitar la humillación colectiva derrotando a los embusteros en las urnas tres días después. La diferencia es que los votantes pudieron elegir, pues fue una gran mentira del gobierno, no del Estado.
En cambio, con la huida del emérito la sociedad lleva un año derrotada por políticos de todos los colores y podridos hasta los tuétanos, pues no solo le niegan al Congreso una comisión de investigación sobre Juan Carlos I, sino que siguen manteniendo la inviolabilidad de Felipe VI, que es tan rey como lo fue su padre.
Uno de esos líderes podridos tenía 23 años cuando Aznar mintió sobre los responsables del atentado del 11M de 2004, pero aquella mentira calculada sobre tantos inocentes asesinados no le pareció tan importante como para replantearse su futuro político y ese mismo año decidió afiliarse a un PP que, en cambio, perdió más de medio millón de votos, un castigo merecido. Se llama Pablo Casado y así es más fácil comprender el desprecio que demuestra cada día por las víctimas de la larga noche franquista.
Si Pedro Sánchez quiere liberar a la sociedad española de la humillación que supone el largo “viaje” que él mismo y Felipe VI le organizaron a Juan Carlos I, debe presentar en el Congreso la propuesta de reforma del artículo 56.3 de la Constitución para que quede claro que no es la “persona” del rey la que goza de inviolabilidad, tal como figura en el texto vigente, sino su condición de jefe del Estado y, por tanto, los únicos actos por los que no debe responder ante la Justicia son aquellos a los que está legalmente obligado en cumplimiento de su papel institucional.
Y si Sánchez no quiere, le tienen que obligar sus socios de investidura, me refiero a UP, ERC y el PNV entre otros. De paso, demostrarían que hay políticos a los que aún les importa la dignidad de sus electores.
En cualquier caso, se debería activar el artículo 168.1 de la Constitución, que establece los criterios para su Reforma. Se trata de un texto confuso pues, aunque establece los títulos y capítulos cuya reforma obligaría a la disolución de las Cortes, dice textualmente lo siguiente: “Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al (…) o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes”.
Subrayando el texto “aprobación del principio” quiero destacar que no queda claro su significado estricto, ni tampoco si un concepto tan abstracto, pero que implicará una crisis institucional muy importante, con celebración de nuevas elecciones generales, aprobación de una nueva Constitución y, finalmente, un referéndum, debe ser el que se aplique para únicamente adecuar la letra del artículo 56.3 al espíritu que, sin duda, inspiró a sus redactores en 1978, pues en ningún caso lo que buscaban era permitir que quedaran sin juicio y castigo delitos como los cometidos por Juan Carlos I. Y debemos sostener que son delitos mientras por sentencia firme no se diga lo contrario, entrando, por supuesto, en el fondo del asunto, que no nos vengan con prescripciones ni inviolabilidades para no juzgar al sospechoso imputable.
Pero, aunque hubiera que aplicar el 168.1 con todas sus exigencias, es imprescindible reformar el 56.3, pues es mucho, e irreparable, el daño ocasionado a sociedad española por Juan Carlos I, y seguimos pendientes de que aflore todo lo que Felipe VI pueda conocer de los delitos de su padre, y que podría ser mucho y le convertiría en cómplice, pues mucho es lo que se deduce que sabía del comunicado de la Casa Real de 15 de marzo de 2020, aquel que aprovechó la pandemia para contarnos la patraña, por tratarse de un imposible legal, de que renunciaba a la herencia de alguien que aún no había fallecido.
La alternativa consistente en aprobar una Ley Orgánica de la Corona nunca sería suficiente para corregir un texto constitucional bajo el que se han cometido tantos abusos.Pero si, a pesar de que existe una solución para arreglar un problema tan importante, el PSOE se niega a restablecer la dignidad colectiva eliminando esa desigualdad a favor del rey que a tantos ofende en pleno siglo XXI, los grupos que apoyan al gobierno de Sánchez deberían abandonarlo y, si él se atreve, que pacte con los franquistas del PP.
Las urnas se lo tendrán en cuenta, como también le darán la espalda si sigue atrapado por un Felipe VI al que cada día nombra “modernizador de la monarquía” sin que haya nada que lo demuestre, a no ser que le conceda al propio rey el poder de modificar la Constitución. Mientras tanto, la derecha sigue cabalgando sobre el programa electoral de dos patas que maneja con firmeza: demostrar autoritarismo bloqueando la obligatoria renovación de las instituciones y reclamar la libertad de tomarse unas cañas para conseguir el voto de los inconscientes, tal como Ayuso demostró en Madrid.
No parece que Sánchez vaya a plantear la reforma. Y a sus socios, cobardes, tampoco se les ven ganas de arriesgar unos cuantos meses en el gobierno por un fugado que saben que se terminará muriendo.
Los españoles vuelven a confiar en las leyes de la naturaleza para disfrazar la incapacidad de autogobernarse de arriba abajo y en libertad, aunque lleven más de cuatro décadas de democracia formal.
Aunque no se hayan producido nuevas guerras civiles provocadas por las élites para destruir las mil confianzas que una sociedad debe tejer entre sus miembros para ser fuerte, las urnas también han servido a la clase política para, conseguido el gobierno, envilecer al pueblo y de esa forma dominarlo.
Mucho me temo que este paisaje es el que más se parece al de esta España.
