En declaraciones a los medios, Vidal ha sostenido que el Govern no "había subsanado" lo que le pedía el Juzgado, que, "con uso de sentido común y buena fe", solicitó más información al Ejecutivo antes de tomar la decisión, posibilitando que "se pudiera subsanar" la petición inicial.
"Si esa información se hubiese dado en los términos que se solicitó, probablemente la decisión hubiera sido distinta", ha detallado.
Vidal ha apuntado que el auto del Juzgado consideró "excesivamente genérica" la resolución del Govern para justificar "por qué y a quién se confina", y que eso "impidió poder adoptar la decisión que se hubiera querido" por colisionar con los derechos fundamentales de las personas.
"Una motivación no requiere de tres páginas, bastaba con decir por qué y dar una pequeña explicación", ha recalcado.
La jueza ha pedido, además, respeto por las decisiones judiciales y la separación de poderes, tras las críticas del vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, de quien ha dicho que ahora es "más político que magistrado".
"Seguro que no ha olvidado que, cuando hay una limitación de derechos fundamentales, se tiene que motivar. Otra cosa es que ahora su postura sea como miembro del Govern y no como miembro de la judicatura", ha recalcado. "Cada uno debe saber cuál es su papel y se tiene que tener claro que hay una división de poderes que debe mantenerse", ha apostillado.
Sobre la posibilidad de que el Govern volviera a optar por un confinamiento forzoso si ocurriera una situación similar, Vidal ha aclarado que desde los juzgados no se impediría necesariamente, siempre y cuando se dicte una resolución motivada correcta y "vestida con las normas que el propio Govern dicta".
Si esto se cumple, ha añadido, "no hay ningún inconveniente en que se tomen medidas; de hecho, podríamos aplicar la misma medida ahora mismo".
Según ha explicado Vidal, tal y como recoge la normativa del Govern balear, cuando hay una persona que puede afectar a la salud pública "y voluntariamente no quiere ser confinada o internada", es la autoridad sanitaria la que debe dictar una resolución motivada.
"Desde el momento en que esa decisión afecta a los derechos fundamentales de las personas, es necesario que luego se vea ratificada por una autoridad judicial", ha indicado.
Además, la juez ha lamentado que el foco de atención se esté poniendo en la resolución judicial, "cuando debería ponerse en un momento anterior, en la resolución administrativa previa conforme a la legislación del Govern". En esta resolución se debe aclarar quién es contacto estrecho y a quién se debe confinar.
"La salud pública es un derecho importantísimo, pero los derechos fundamentales requieren una motivación mínima. La solución era tan sencilla como responder a lo que se pedía", ha concluido.
