El cálculo se realiza sobre los datos del INE de población y hogares y los datos del nivel de deuda pública de 2019. Teniendo en cuenta la deuda pública de la Administración central y de la Seguridad Social, la deuda pública por persona asciende a 22.412 euros, que se suman a los 7.360 euros de la deuda pública autonómica.
El informe estudia la evolución de la deuda de Baleares, que al cierre de 2019 se situó en 8.863 millones de euros, si bien al terminar 2020 era de 9.120 millones, según los datos disponibles del Banco de España.
La deuda pública de la Comunidad se ha multiplicado por 17 entre 2000 y 2018, la segunda con mayor factor de multiplicación por detrás de Castilla-La Mancha (24,4).
En el análisis del déficit o superávit en las operaciones de capital, el informe destaca que "sorprende por su magnitud la creciente brecha negativa entre la ejecución y la previsión inicial producida en los años de crecimiento del PIB a partir de 2015, ligeramente corregida en 2019".
En cuanto a las operaciones corrientes, la Oficina remarca que "lejos de tratar de conseguir una reducción en el nivel de crecimiento de este tipo de gastos, la tendencia ha sido claramente ascendente, sobre todo a partir del año 2013 en el que comienzan a recuperarse los indicadores económicos principales".
"Este crecimiento constante hace muy difícil una reducción en el nivel de endeudamiento, salvo que se produzca un crecimiento aún superior en los ingresos", alerta el organismo.
El documento, entregado este viernes al Parlament, reflexiona sobre el "riesgo moral" en los procesos de endeudamiento público, y lo compara con las consecuencias intergeneracionales del cambio climático. "Las personas con más probabilidades de soportar su peor parte, jóvenes o aún no nacidas, son en gran medida diferentes de las que actualmente estamos creando el riesgo del daño", apunta.
Del mismo modo, si se produce un endeudamiento público, "las políticas de gasto actuales no se están financiando con ingresos públicos actuales, por lo que esas decisiones de gasto tendrán una repercusión sobre necesidades de ingresos públicos futuros cuyo coste económico no se sabe quién lo sufrirá ni con qué intensidad".
En este contexto, los políticos que gestionan estas decisiones están "incentivados a no amortizarla deuda subiendo los impuestos a los ciudadanos actuales (que tienen su mano las decisiones de voto), sino 'dar una patada hacia adelante' renovando vencimientos". "Este escenario es el más probable ya que políticamente genera menos rechazo, pero incorpora un riesgo moral muy alto", razona la Oficina.
