El Consell Insular de Menorca ha aprobado un nuevo convenio de colaboración con los ayuntamientos de la isla para la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento. Esta prestación se realiza como un servicio básico que abastece no solo la prevención y extinción de incendios en el sentido estricto, sino que bajo esta denominación genérica se han ido incluyendo muchas tipologías de actuación que van desde el rescate y salvamento de personas, prevención de peligros públicos o dar soporte a situaciones de emergencia, hasta la extinción de incendios. Todo esto con el fin de garantizar el bienestar y la seguridad en la isla.

En Menorca, el servicio de prevención y extinción de incendios, desde el año 1994, se ha consolidado como un servicio insular prestado por el CIM a todos los municipios de Menorca, mediante la colaboración de todos los ayuntamientos, que tienen la competencia en esta materia, con una aportación económica. Esta aportación se pondera dependiendo de si el municipio está o no obligado a prestar este servicio. Lo están los municipios con una población mayor de 20.000 habitantes.

Ahora, se ha diseñado un nuevo convenio regulador de la colaboración entre las entidades locales de Menorca, con el fin de dar continuidad y mejorar el servicio. El texto se presentó a la Comisión de Presidentes de Corporaciones Locales de Menorca el mes de octubre.

Entre otros, el convenio implica garantizar con personal los parques de bomberos de Maó y Ciutadella y la apertura de los dos parques durante 24 horas diarias y 365 días al año. También, elaborar una bolsa de personal funcionario interino que permita una organización operativa del servicio más ágil, así como asumir el mantenimiento de los parques.

El coste total del servicio para este 2024 es de 4,1 millones de euros, de los cuales el Consell aportará 2,6 millones de euros, lo que representa el 64,92% del coste del servicio. La distribución de los costes entre los ayuntamientos se realiza según diversos parámetros, como el número de habitantes, los recibos del IBI o la superficie territorial. De esta manera, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes financiarán el 50% del coste que les corresponda. El convenio tiene una vigencia hasta el 31 de marzo de 2028.