El portavoz popular, Borja Sémper, ha justificado este paso tras conocerse en una información periodística que un empresario habría entregado bolsas de dinero en la sede de Ferraz. En declaraciones en la puerta de la Audiencia Nacional tras presentar la querella, Sémper considera oportuno que se abra una nueva pieza y que este caso de supuesta financiación irregular del PSOE sea investigado.
Asimismo, el dirigente popular ha avanzado que pedirá que el próximo pleno del Congreso sea monográfico sobre corrupción.
Paralelamente, las acusaciones representadas por Iustitia Europa y Hazte Oír en el caso Koldo han solicitado al juez que inicie los trámites para investigar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al exministro socialista, José Luis Ábalos, al exdirector de la Guardia Civil, Leandro Marcos, tras las revelaciones del informe de la Guardia Civil.
Mientras tanto, aquí en Baleares el Grupo Parlamentario Popular ha pedido este lunes explicaciones al PSIB y a Armengol. Dice la portavoz adjunta popular, Marga Duran que los populares intentarán llegar hasta el final de la presunta trama de corrupción.
Por su parte, VOX ha anunciado también acciones judiciales contra el PSOE tras el informe de la UCO y una querella en el Tribunal Supremo contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por los contratos realizados con empresas relacionadas con la trama Koldo cuando era la presidenta de Baleares.
Los diferentes grupos parlamentarios han reaccionado al 'caso Koldo'. MÉS per Mallorca, a través de Lluís Apesteguia, ha asegurado que no hay evidencia de la participación activa de Francina Armengol en la trama de corrupción, pero ha enfatizado la necesidad de que rinda cuentas ante el PSOE.
Mientras Unidas Podemos ha apuntado que la corrupción es consecuencia del bipartidismo y la mala gestión. Por su parte, el diputado no adscrito Xisco Cardona ha acusado a MÉS y a Unidas Podemos de "limpiarse las manos", recordando que ambos formaron parte del anterior Govern.
El PSIB-PSOE ha rechazado las acusaciones relacionadas con la contratación de Eurofins Megalab, SA, afirmando que "no hubo contrato" para el control de puertos y aeropuertos, como se menciona en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO). El portavoz parlamentario, Iago Negueruela, ha expresado su molestia por la asociación de este tema con contratos posteriores para pruebas diagnósticas
