La incapacidad administrativa no debería ser un obstáculo para aprovechar los fondos para modernizar y ampliar la formación y calificación de las personas de las Islas.
El pasado martes día 10 de septiembre conocimos que las Islas Baleares, junto con la comunidad riojana, había rechazado la convocatoria de dotación de recursos de Fondos Europeos para la creación de plazas públicas de Formación Profesional bajo el argumento de la incapacidad de ejecución y el solapamiento de convocatorias, añadiendo que la Conselleria de Educación y Universidades debe crear 2000 plazas nuevas con la convocatoria actual.
Desde CCOO, entendemos las dificultades administrativas que se pueden tener, pero no admitimos que no se haya preparado ni dotado de los recursos necesarios para la asunción de la convocatoria que, a excepción de La Rioja, todas las demás comunidades autónomas han aceptado. Opinamos que más que una decisión técnica, es una decisión de política educativa, que va en contra de lo que se está tratando en el Diálogo Social y en la Mesa de Calificación, Formación y Mercado Laboral del Pacto Social y Político que el Govern está impulsando.
Los agentes sociales, sindicatos mayoritarios y patronales, estamos de acuerdo en que la formación, y en concreto la Formación Profesional, deben ser el motor del cambio del modelo productivo que nos conducirá hacia unas ocupaciones de mayor valor añadido. Las empresas necesitan personas trabajadoras calificadas y formadas para poder alcanzar los retos de modernización con la creación de empleo estable, de calidad y unas mejores condiciones de vida.
Si el interés en la Formación Profesional, por parte de la administración, es real, sólo cabe comprender que nuestros gobernantes apuestan por que la ampliación de la oferta venda de la mano de la empresa privada en lugar de fomentar la educación pública como elemento de cohesión social y de reducción de las desigualdades. Este modelo supone un sobrecoste de las familias, que tendrán que asumir los gastos de matrículas en centros privados, o bien la perpetuación de un sistema económico de baja calificación y que proporciona unas ocupaciones precarias.
Por otra parte, cabe recordar que la calificación por la vía de la acreditación de la experiencia profesional, es un modelo que debe promocionarse e impulsarse como sistema de calificación y como vía de reingreso a la formación reglada por aquellas personas que en su momento decidieron abandonar sus estudios. Todos los fondos que puedan obtenerse para la acreditación de competencias son imprescindibles y tampoco se pueden rechazar.
Desde CCOO pedimos y en concreto al Conseller de Educación y Universidades, que rectifique, que tome la decisión pensando en la ciudadanía y en la clase trabajadora, que necesitamos una Formación Profesional pública y gratuita en la alcance de todos y un servicio de acreditación de las calificaciones profesionales potente.
