El presidente del Colegio afirma que “el sector inmobiliario de Baleares espera que Gobierno y Govern alcancen un acuerdo cuanto antes, tanto por los derechos de los usuarios y consumidores como por el interés general, ya que regular la actividad de los agentes inmobiliarios, estableciendo unos requisitos mínimos para desarrollar la actividad inmobiliaria, como el deber de tener los conocimientos y formación necesarios, seguros y garantías, un domicilio social, documentación e información completa sobre aspectos urbanísticos, jurídicos, fiscales, así como un Registro obligatorio de Agentes Inmobiliarios para poder controlarlo, resulta imprescindible en un territorio con tanta actividad inmobiliaria, asegurándose así una completa protección al consumidor”.
Artieda señala que esta regulación es fruto del trabajo de muchos años por parte del Colegio, y que fue aprobado por el PSIB-PSOE en su anterior etapa de gobierno. Además, señala, “ello recoge y mejora lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Estatal de Vivienda del 2023, aprobada por el actual Gobierno Central, sobre la protección del consumidor y transparencia en las transacciones inmobiliarias”.
Finalmente, José Miguel Artieda lamenta “que lo que en su momento aplaudimos y celebramos aquí, cuando PP y PSIB-PSOE alcanzaron un acuerdo en el Parlament balear, se vea ahora ensombrecido por una forma de hacer política que nada tiene que ver con el interés ciudadano y que obedece únicamente a cuestiones partidistas, lo cual sorprende y decepciona a los ciudadanos de Baleares y a los profesionales del sector”.
