El pasado sábado recaló en Cabrera la última de una larga serie de pateras que, desde Argelia, transportan inmigrantes magrebís y subsaharianos a Baleares. Exactamente, este año 2024, han llegado 176 embarcaciones y en ellas viajaban 2.355 personas. Todas ellas, sin papeles. Es decir, ilegales.
Una cifra que ahora, a finales de agosto, ya es superior al total del año pasado. Estamos rompiendo récords. De hecho, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo ya han concluido que se ha consolidado totalmente la Vía Argelina a Baleares de llegada de inmigrantes ilegales.
En este contexto, el presidente del Gobierno de España, en el este de África, ha cambiado su discurso de forma radical en solo 24 horas. Entre sus escalas en Mauritania y Senegal para visitar los países desde los que zarpan los cayucos de Canarias.
Ahora, en público, Sánchez se acerca a las tesis de la oposición. El nuevo mensaje gubernamental señala que, más allá de la seguridad, los inmigrantes ilegales tienen que ser devueltos de inmediato a sus países de origen.
El motivo: entre ellos, y bajo el manto de las mafías, se trafica y, además, son un medio de transporte que utilizan los grupos terroristas para infiltrarse en Europa.
En estos momentos, al llegar a Baleares, los inmigrantes ilegales no son devueltos de inmediato a sus países. Se les traslada a la Península y allí ingresan en un Centro de Internamiento para Personas Extranjeras. Pero, si estos están saturados, se les deja en libertad, en plena calle, con 400 euros, una bolsa de comida y ropa seca con la obligación de responder al teléfono si se les reclama desde las instituciones españolas.
Según informaciones contrastadas a través de la Guardia Civil y la Policía Nacional, lo habitual es que no respondan nunca, viajen hasta localidades en las que ya residen familiares y amigos o, incluso, regresen a sus países con los 400 euros en el bolsillo si es que no son realmente inmigrantes sino, en realidad, parte de las mafias que introducen personas en España.
