El fin del contrato de la concesionaria para gestionar Mercapalma, que hasta ahora ha sido conjunta entre Palma y el Estado, establece que los activos, pasivos y bienes del centro logístico de mercaderías debe pasar a manos de Cort.
Sin embargo, tras dos meses de contactos para llegar a un nuevo acuerdo, Mercasa ha cesado las negociaciones con el ayuntamiento y ha iniciado un procedimiento a través del Gobierno para no disolver la concesionaria y continuar con las mismas condiciones. El consistorio ya se prepara para llegar hasta los tribunales si es necesario para que se cumplan los estatutos y se de cumplimiento a los derechos de los ciudadanos.
Ante esta nueva situación el alcalde Jaime Martínez acusa al Gobierno de intentar expropiar y expoliar los bienes de los ciudadanos de Palma.
Según Martínez, la propuesta de Cort siempre ha sido mantener a Mercasa como accionista con nuevas condiciones, pero la empresa estatal se ha negado en redondo y exigía una concesión indefinida, sin límite temporal.
Por otra parte, Martínez ha asegurado que esta situación no afecta al funcionamiento de Mercapalma que continuará con total normalidad.
