Según la federación, este acuerdo permite la ampliación de las terrazas en La Lonja a cambio de que los restauradores retiren una demanda relacionada con la reducción de estas terrazas durante la legislatura anterior.
Maribel Alcázar, presidenta de la Federación, ha declarado que "se ha cambiado dinero por territorio," señalando que se ofrece suelo público a un euro por metro cuadrado, lo que considera inaceptable ya que implica pagar indemnizaciones a empresarios con fondos públicos. La federación advierte que esta medida supone una privatización del espacio público, beneficiando a negocios turísticos y grandes propietarios, y excluyendo a la población local.
La federación lamenta que el Consistorio negó la ampliación de terrazas, aunque el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) publicó la información sobre estas ampliaciones en siete zonas el mismo día. La entidad expresa su preocupación por la falta de transparencia y participación de las asociaciones de vecinos en estas decisiones.
En la tercera reunión de la Taula per la Convivència Ciutadana, que tuvo lugar el 13 de junio, la federación planteó su preocupación por la ampliación de terrazas y solicitó información al respecto, recibiendo como respuesta que el Ayuntamiento desconocía el tema. Sin embargo, el BOIB ya había informado sobre las ampliaciones.
La federación recuerda que en la primera entrevista con el alcalde Jaime Martínez en julio del año pasado, se había acordado trabajar juntos para mejorar la convivencia entre negocios y residentes. Sin embargo, critican la falta de información y transparencia del Ayuntamiento en este proceso.
Los restauradores habían reclamado indemnizaciones tras un decreto en 2019 que reducía los horarios y la extensión de las terrazas en La Lonja, un contencioso que ganaron debido a la falta de pruebas documentales del Ayuntamiento sobre la contaminación acústica en la zona. El acuerdo reciente entre el Ayuntamiento y los restauradores busca evitar el pago de estas indemnizaciones, según justifica Cort.
