La exconsellera de Hacienda, Rosario Sánchez, ha negado haber recibido ninguna llamada por parte de Koldo García y el exministro José Luis Ábalos ofreciendo mascarillas, durante su etapa como consellera.
Sánchez ha comparecido en la comisión de investigación del caso mascarillas del Parlament para dar detalles sobre el expediente de compra por vía de emergencia de 1,4 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Una partida que se pagó con fondos europeos.
"Decidimos reprogramar nuestro fondo Feder de 2014-2020 para poder certificar el gasto sanitario", ha explicado la exconsellera de Hacienda, añadiendo que "a partir de entonces los Servicios de Salud fueron informados de que con el procedimiento normal de certificación de fondos europeos, se pueden incluir las operaciones que tienen que ver con la respuesta sanitaria de la Covid-19".
Sobre este expediente en concreto, Rosario Sánchez ha advertido que faltan documentos importantes y ha recordado que el contrato pasó varios controles en los que no se detectó ninguna irregularidad. "Hay tres controles sobre este expediente", ha afirmado Sánchez, quien ha hecho hincapié en que "tres controles sobre un mismo expediente en la administración es mucho control".
De hecho, la exconsellera de Hacienda ha advertido que el Govern de Marga Prohens hizo suyo el informe y no descertificó las mascarillas, una descertificación que se hizo una vez salió a la luz la trama Koldo. "La descertificación de los fondos se hace a raíz de la noticia de una supuesta trama, es decir, que alguien se puede haber lucrado ilícitamente de un contrato que se ha certificado, se descertifica".
De hecho, Sánchez ha señalado que "esa es la razón que justifica la descertificación, en ningún momento, ni el tipo de mascarillas, ni los informes que pudiera haber en el expediente son los que provocan la descertificación, ni con el Govern actual, ni con el anterior".
En este sentido, Sánchez ha asegurado que nunca hubiera desestimado el procedimiento sin contar con un informe jurídico, en referencia a la decisión tomada por el actual director de Servicio de Salud, Javier Ureña, al dejar caducar el expediente. "Yo nunca he visto un desestimiento sin un informe jurídico detrás y nunca hubiera hecho un desestimiento de un procedimiento sin un informe jurídico detrás".
Tras la exconsellera Sánchez, ha sido el turno del expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, quien ha asegurado que la gestión de las mascarillas la realizó Puertos del Estado y que ellos solo se encargaron de efectuar el pago, negando cualquier tipo de relación con la empresa Soluciones de Gestión.
En este sentido, Gual de Torrella ha dejado claro que el Ministerio de Transportes fue el encargado de tramitar la compra de mascarillas.
En esta comisión de investigación del Parlament también han comparecido el administrador único de Soluciones de Gestión, Daniel Sierra, y su director ejecutivo, Íñigo Rotaeche, aunque ninguno de los dos ha querido responder a las preguntas de la comisión al formar parte de un procedimiento judicial en la Audiencia Nacional.
