Tanto la Comisión como el grupo de trabajo técnico que se creó han confeccionado una gran batería de medidas que afectan a todas las consellerias del Govern, pero también a los consells insulars y a los ayuntamientos, siempre desde una triple vertiente: simplificación de normativa, simplificación de trámites y avance en la digitalización de la Administración.
El principal objetivo es que el exceso de burocracia deje de ser un obstáculo para los ciudadanos y disponer de una Administración ágil y eficaz. De este modo, también se facilitará la atracción de inversiones a las Illes Balears que permitan la generación de oportunidades.
El borrador de texto prevé la modificación total o parcial de una cincuentena de leyes y decretos ley, con más de 170 cambios en los diferentes articulados. "Somos un Govern valiente, que cumple con la palabra dada. Dijimos que nos lo cuestionaríamos absolutamente todo, porque los ciudadanos tienen que dejar de ver a la Administración como un problema, y esto hemos hecho. Y este es sólo el punto de partida, porque tenemos el compromiso y el objetivo de aprobar un decreto de simplificación administrativa cada año", ha destacado el conseller Costa.
El borrador de decreto actúa sobre los principales atascos burocráticos de la Administración. Por un lado, se suprime la Comisión Balear de Medio Ambiente, para que a partir de ahora los informes de impacto ambiental se pasen a evaluar desde una perspectiva estrictamente técnica y se dé el visto bueno, o no, en un tiempo razonable, y eliminar las interferencias políticas. Así, la Comisión Balear de Medio Ambiente dejará de funcionar como un órgano colegiado y pasará a operar como un departamento técnico dependiente de la Dirección general de Coordinación y Armonización Urbanística, con lo cual se adoptará el modelo de la mayoría de comunidades autónomas. La participación de los consells insulares y de los ayuntamientos queda garantizada en el procedimiento ambiental a través de la fase de consultas a las administraciones públicas.
Por otro lado, en materia de recursos hídricos, se reducen los supuestos que requieren de forma obligatoria un informe de la Dirección General correspondiente.
En los ámbitos de vivienda y urbanismo, una de las principales medidas nuevas es que se facilita una agilización de las licencias urbanísticas municipales dando la opción —por lo tanto, de forma voluntaria— de externalizarlas a entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), que emitirán los pertinentes informes técnicos y jurídicos, y de este modo conseguir reducir los plazos de la concesión de estas licencias. Es una figura que existe en otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Catalunya, Andalucía o la Comunidad Valenciana.
Además, se elimina la exigencia de la cédula de habitabilidad de primera ocupación, que emiten los consells insulares, y se deja como base la licencia municipal de primera ocupación, dado que había una evidente duplicidad. Las licencias también se podrán externalizar a las ECU.
En el caso de los servicios sociales, se crea un historial social y sanitario único, un registro unificado que permitirá garantizar una atención integral efectiva y agilizar, por ejemplo, el acceso a las diferentes ayudas a partir del cruce de los datos, informaciones y conocimientos de los dos ámbitos para evitar duplicar el papeleo que se requiere, avanzar en la digitalización y establecer un modelo de coordinación asistencial de la cronicidad y la dependencia. Igualmente, las personas que acrediten un diagnóstico de enfermedad mental a partir de un informe médico no necesitarán obtener el certificado de discapacitado para acceder a las ayudas sociales y a la red de entidades sociales de la Comunitat Autónoma.
Para avanzar en la transición energética, se establece la declaración de interés general, que agilizará la tramitación de proyectos de transición energética, como puntos de recarga de vehículos eléctricos o instalaciones de almacenamiento. Esto simplificará el procedimiento administrativo y reconocerá la utilidad pública de estos proyectos.
Además, se modifica la Ley 10/2019, de cambio climático y transición energética, para elevar de 100kw a 500kw las instalaciones de placas fotovoltaicas que quedan exentas de la autorización administrativa previa, lo cual agilizará la implantación. De hecho, este umbral es el que marca la legislación básica estatal en esta materia. Del mismo modo, se posibilitará la vía telemática para las comunicaciones, las justificaciones y los registros de ayudas referentes a las energías renovables.
En la propuesta de borrador de decreto de simplificación administrativa también se prevén medidas para agilizar el pago de subvenciones con una simplificación de las comprobaciones previas, y modificaciones técnicas en la ley agraria vigente con el objeto de hacer más ágil la tramitación de proyectos agrícolas, entre otros.
El decreto ómnibus incluirá una guía de simplificación administrativa, que establecerá las pautas para todas las administraciones de las Illes Balears, con el objetivo de que tanto las administraciones municipales como las insulares y también la autonómica dejen de ser vistas como un problema por los ciudadanos para pasar a ser una solución.
Finalmente, se establece la necesidad de disponer de un plan de digitalización a corto, medio y largo plazo que la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ya está preparando para poder presentarlo en las próximas semanas. Hay que recordar que se prevé automatizar, antes del otoño, la gestión y la tramitación de prestaciones y subvenciones —inicialmente, la renta social garantizada, las pensiones no contributivas y las subvenciones en energía— a través de robots, que funcionarán 24 horas al día y siete días a la semana, un hecho que liberará a los trabajadores públicos de tareas repetitivas y les permitirá hacer tareas de más valor, para mejorar así su motivación y la productividad.
