Aunque la sentencia del tribunal no especificó los montos exactos a pagar a cada promotora, un informe de cálculo elaborado por los técnicos de la Dirección General de Territorio y Paisaje estima que la compensación ascenderá a aproximadamente 226.000 euros, incluyendo intereses desde 2009. Este cálculo se basa en los costes y gastos de urbanización que resultaron inútiles como consecuencia de la desclasificación, así como en la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo.
Inicialmente, se había informado de que la indemnización alcanzaría los 1,2 millones de euros, pero la sentencia del tribunal rechazó la mayor parte de las pretensiones de las promotoras y solo las condenó a ser compensadas por los costes y gastos mencionados.
Las promotoras, titulares de 21.476 metros cuadrados de terrenos, reclamaban más de 13 millones de euros al Govern, principalmente por cuotas de IBI satisfechas y por la pérdida de aprovechamiento de los solares. Sin embargo, estas pretensiones no fueron aceptadas con base en una sentencia previa del Tribunal Supremo en 2014.
La desclasificación de Es Vilà ocurrió con la entrada en vigor de la Ley 4/2008, que cambió la condición de parte del terreno de suelo urbanizable a suelo rústico protegido con la categoría de área natural de especial interés (ANEI). Esto impidió el desarrollo urbanístico previsto en el Plan General (PGOU) de Pollença para las parcelas afectadas.
Cuando la ley entró en vigor, ya se habían ejecutado parcialmente obras de urbanización, como accesos mediante vial rodado, red de agua potable, electricidad, iluminación y pluviales, con un grado de consolidación del 69 por ciento.
