En este contexto, el Govern subraya su compromiso con la salvaguarda del dominio público marítimo-terrestre. La administración autonómica considera que el proyecto de reforma, propuesto tras la anulación del Reglamento de Costas de 2022 por el Tribunal Supremo debido a la omisión de la consulta pública, no refleja adecuadamente los intereses y necesidades de la comunidad insular.
El Govern considera que la consulta pública previa llevada a cabo se ha realizado sin facilitar a la ciudadanía el acceso a documentos claros y concisos y sin la información necesaria para una participación informada. Esta deficiencia va en contra de lo establecido en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, por lo que la situación actual equivale a una falta de consulta y se aboga por la realización de una nueva consulta pública previa que cumpla con todas las garantías legales.
También se cuestiona la necesidad de modificar el Reglamento General de Costas de 2014 por motivos relacionados con el cambio climático. Las preocupaciones que se pretenden abordar ya están contempladas en la Ley de Costas de 1988, su modificación de 2013, el propio reglamento de 2014, y en la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española de 2017.
La reforma del Reglamento General de Costas presenta objetivos imprecisos e innecesarios, especialmente en la modulación y limitación de la duración de las concesiones, así como en la introducción de procedimientos de concurrencia competitiva sin justificación clara.
La propuesta incluye el desarrollo reglamentario de definiciones legales que implican nuevos deslindes, incorporando terrenos colindantes al dominio público marítimo-terrestre de manera injusta e incluso, en algunos casos, ilegal. Las modificaciones sugeridas carecen de una necesidad demostrada y podrían violar principios de legalidad y coherencia normativa. Existen alternativas menos disruptivas para corregir errores, que permitirían abordar las preocupaciones sin alterar significativamente el marco regulatorio actual.
Por último, se deben explorar soluciones alternativas, tanto regulatorias como no regulatorias, a la modificación del reglamento. Estas medidas evitarían la eliminación de ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre, una acción que no reconoce el valor social y económico del litoral. Esta perspectiva es crucial, especialmente en una comunidad como las Illes Balears, con una geografía insular y un sector terciario predominante.
