La falta de actualización del complemento de insularidad, ha explicado la presidenta, se traduce en el hecho de que muchos trabajadores de los diferentes cuerpos, como son la Policía Nacional y la Guardia Civil, los funcionarios de justicia y de prisiones, y los funcionarios de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria, cuando tienen que elegir destino descartan las Islas. Esto se traduce en vacantes que repercuten en los servicios que se da a los ciudadanos de Baleares.
La presidenta ha afirmado que el Gobierno de España tiene que hacer realidad esta reivindicación y garantizar una insularidad digna en los próximos presupuestos generales del Estado "enseguida que haya, con una partida mínima de 18 millones de euros, que es el coste que estimamos tendría esta medida para los trabajadores de la Administración del Estado en Baleares".
Además, Prohens ha insistido en la necesidad de actualizar la indemnización por residencia que reciben por trabajar en las Illes Balears, que hace 18 años que no se actualiza y que hoy en día resulta absolutamente insuficiente para el coste de la vida en la comunidad.
