El caso ‘PAS-Amics del camí’ ha acabado este lunes con un acuerdo en el juicio que procesaba a ex cargos del Govern, del Consell de Mallorca y miembros de la asociación de Amics dels camins. Estaban acusados de prevaricación, malversación de fondos, fraude y falsedad documental. La Fiscalía pedía penas que sumaban 32 años de prisión pero el caso, una década después, ha acabado con dos absoluciones y multas para el resto de acusados.

El llamado también ‘caso senderismo’ se ha saldado con un acuerdo de conformidad entre las partes por el que han quedado absueltos el exgerente del Inestur, Antonio Oliver, y el responsable de supervisar contratos menores, Sebastià Amengual. El resto de los acusados han aceptado penas bajas que se sustituirán por multas.

En virtud del pacto, los condenados han reconocido que, en una reunión en dependencias de Inestur (Instituto de Estrategia Turística de Baleares) en 2008, se concertaron para favorecer a la asociación PAS Amics del Camí con fondos públicos, utilizando contratos y subvenciones de forma fraudulenta. Recordemos que los contratos y subvenciones eran para desarrollar rutas culturales de senderismo en distintos municipios, e incurrieron en diferentes irregularidades.

Una investigación que se iniciaba hace 10 años y que acusaba por malversación y fraude a la exconsellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Joana Lluisa Mascaró, al secretario técnico del área insular de cultura y patrimonio, Joan Serra, y a  Antoni Rebassa, jefe del área de de inversiones para la mejora del entorno turístico. Todos ellos han sido condenados a nueves meses de prisión cada uno por delito de fraude. Como cooperadores necesarios también han sido condenados el director de la asociación PAS-Amics dels camins, Lluis Planas, y el representante de la asociación, Emili Gallardo. Como decimos, ninguno de ellos entrará en prisión dado que las penas se han sustituido por multas que van de 1.600 a los 2.700 euros.

Por el delito de prevaricación han sido condenados a penas de inhabilitación de dos años y dos meses para el ejercicio de cargos públicos relacionados con contratos y subvenciones. Los representantes de la asociación, que no son funcionarios ni ostentaban cargos públicos, quedan inhabilitados a un año y dos meses.

Asimismo, los condenados han indemizado al Govern con más de 40.000 euros, al Consell de Mallorca, con más de 20.000 euros, y al ayuntamiento de Valldemossa, con 3.500 euros, por lo que se les reconoce un atenuante del daño.