La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha publicado la sentencia, de más de 500 folios, contra los investigadores del caso Cursach. La Sala condena a nueve años y un día de cárcel al exjuez, Manuel Penalva, y al exfiscal Miguel Ángel Subirán. La sentencia también impone penas de tres años y diez meses para el subinspector del grupo de blanqueo, Miguel Ángel Blanco, una condena de dos años y cuatro meses para el agente Iván Bandera, y una pena de un año y dos meses para Blanca Ruiz.
El tribunal considera demostrado que el juez Penalva y el fiscal Subirán cometieron tres delitos de obstrucción a la Justicia al presionar a dos funcionarios municipales y al empresario Antonio Roig, con el agravante de prevalerse de su autoridad. También les impones penas de dos años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por omitir el deber de perseguir revelaciones de secretos. Además, la Sala les condena por coacciones contra el expolítico Álvaro Gijón, entonces diputado del PP. A pesar de la condena a nueve años de prisión finalmente cumplirán siete años y medio.
En este tipo penal, enmarca la detención de sus padres y su hermano al entender que fueron un instrumento para presionarle. No obstante, el Tribunal, no condena a los acusados por detención ilegal a la familia de Gijón por un déficit en la acusación.
La sentencia descarta, así, los delitos más graves por los que se acusaba a Penalva y Subirán como fueron las detenciones ilegales enmarcadas del caso ORA. Aunque el Tribunal reconoce que se detuvo a personas inocentes, sostiene que en ese momento existían indicios para realizarlas.
Respecto a los tres policías nacionales condenados, el Tribunal les acusa de coacciones a detenidos y testigos. Del total de los acusados, la sentencia absuelve únicamente al inspector jefe del grupo de Blanqueo, José Luis García Reguera, ya que el tribunal considera que no hay prueba suficiente para su condena.
Por otra parte, el Tribunal condena al Juez, al Fiscal y a los Policías condenados a indemnizar junta y solidariamente a Álvaro Gijón por daño moral en la cantidad de 6.500 euros. Cabe decir, que la sentencia no es firme, y cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
