El límite máximo de gasto no financiero es el más alto de la historia de esta comunidad autónoma, por encima por primera vez de los 6.000 millones de euros. Es una cifra que supera en 418 millones (un 7,03%) a la del ejercicio 2023, aunque 97 millones corresponden a un incremento de gasto vinculado a fondos finalistas Next Generation. Por tanto, el aumento de gasto efectivo es de 320,9 millones, que irá enfocado, especialmente, a la salud, la educación y los servicios sociales.
Este techo de gasto permitirá, así, seguir desarrollando las políticas públicas necesarias para cumplir los objetivos marcados por el Ejecutivo a corto y medio plazo, además de aumentar la renta disponible de los ciudadanos de las Illes Balears.
“Frente a quienes decían que la reforma fiscal enfocada a las rentas medias y bajas provocaría recortes en los servicios públicos esenciales, este Govern demuestra que no, todo lo contrario. Dijimos desde el primer momento que se podía, y hacemos ver hoy que claro que se podía”, ha explicado durante el pleno extraordinario el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, quien ha invitado a todos los grupos parlamentarios a votar a favor del techo de gasto para que las Illes Balears "tengan una estabilidad que permita llevar a cabo lo que los ciudadanos votaron en las urnas".
El grueso de los ingresos no financieros provendrán de los anticipos a cuenta del sistema de financiación autonómico (3.963,3 millones de euros, el 67,7% de los ingresos no financieros). A pesar de ser una previsión un 18,3% mayor que la de 2023, Costa ha destacado que es una estimación "prudente" y "el escenario más probable es superarlo", gracias a la recaudación tanto del IVA como del IRPF por la actividad económica que tienen las Illes Balears. Aún así, los presupuestos preverán mecanismos para corregirlo en caso de que deba ajustarse a la baja.
En un segundo escalón se encuentran los impuestos cedidos que no están sujetos a liquidación del sistema de financiación autonómico, fundamentalmente el impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD) y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP). En conjunto, la previsión es recaudar 1.061,91 millones de euros, un 12,36% menos que el actual ejercicio, debido a la reforma fiscal impulsada por el Govern. Pese a la bajada de impuestos, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha remarcado que el gasto público aumenta.
Por su parte, los tributos propios (el impuesto de turismo sostenible y el canon de saneamiento de aguas) supondrán unos ingresos de 226,19 millones de euros, un 3,79% más que en 2023. En el caso de las tasas, la recaudación será un 11,31% mayor, alcanzando los 79,66 millones, aunque representan únicamente el 1% de los ingresos no financieros.
Por último, el resto de aportaciones ajenas (fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el factor de insularidad o la totalidad de los fondos europeos) ascenderán hasta los 522,84 millones de euros, un 11,48 % menos que en 2023. En parte, la bajada se debe a que se ha dejado de presupuestar el convenio de carreteras. “Desde el Govern de las Illes Balears lo exigiremos con la máxima contundencia al Gobierno central, ya que nos corresponde, pero vemos imposible obtenerlo con efectos en el próximo ejercicio, por lo que no se ha tenido en cuenta”, ha subrayado Costa.
Ante la incertidumbre de las nuevas reglas fiscales que se están negociando en la Unión Europea, y que a causa de la pandemia se suspendieron, el Govern ha elaborado un techo de gasto no financiero con un escenario, por primera vez, de equilibrio presupuestario, es decir, con un déficit máximo equivalente al 0,0% del producto interior bruto (PIB) previsto. Por su parte, la deuda de la comunidad autónoma no se incrementará en términos absolutos y, por tanto, en la medida en que crezca el PIB, la ratio de deuda sobre el PIB disminuirá.
