Concretamente, el Consell de Mallorca ha detectado 6.192 anuncios de alquileres turísticos ilegales publicados en plataformas digitales, lo que equivale a unas 30.200 plazas. La localización de estos anuncios se ha realizado a través de una extracción de datos y contenidos de páginas web. Palma encabeza la mayoría de esta oferta ya detectada. De hecho, ya se han emprendido acciones sancionadoras contra los propietarios de estos pisos, que ascienden a casi a seis mil doscientos repartidos en toda la isla.
En lo que va de año y hasta finales de septiembre, los inspectores del Consell de Mallorca han levantado 312 actas por alquiler ilegal, de las cuales el 90% han derivado en un expediente de sanción. De hecho, el Consell de Mallorca ha cobrado este año un millón 79 mil euros en concepto de multas de años anteriores.
El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha mostrado contundente contra el alquiler turístico ilegal y se ha comprometido a poner en marcha todas las campañas de inspección que hagan falta para castigar a los infractores.
Para perseguir la oferta irregular, entre otros ejes de actuación, el Consell está trabajando en un paraguas legal para poder cruzar datos fiscales y urbanísticos con Hacienda y Ayuntamientos. El principal obstáculo, según reconocen desde el Consell de Mallorca, es hacerlo cumpliendo con la ley de protección de datos.
Otro de los ejes gira en torno a las plataformas comercializadoras cuyo objetivo es que se comprometan a eliminar de sus páginas toda la oferta ilegal que detecte el Consell. De hecho, según Galmés ya se han mantenido encuentros con algunas de las más conocidas, Airbnb o Booking, entre ellas.
Además, el departamento Insular de Turismo ha creado una unidad de inteligencia que trabajará sobre el listado de viviendas que ofertan alquiler ilegal obtenido, de manera que los inspectores tendrán direcciones concretas a las que acudir. Para ello Turismo contratará nueve trabajadores adicionales para reforzar el servicio de inspección y sanción.
