El término ‘emergencia habitacional’ se ha convertido en una expresión común en el ámbito de la política, del sector inmobiliario y, cada día más, en las conversaciones entre amigos, familiares y compañeros de trabajo. Una ‘emergencia habitacional’ que se puede cuantificar en cifras y, sobre todo, en euros.
El portal especializado Fotocasa sitúa a nuestra comunidad en lo más elevado del ranquin de las que cobran los alquileres más altos de España. Han subido un 22% en las islas en solo un año. Un aumento que no se ha producido en ningún otro lugar de España. Ni siquiera en Madrid, Barcelona, la Costa del Sol o San Sebastián, los puntos inmobiliarios más calientes de España hasta nuestra llegada.
Hoy en día, en Baleares un minipiso de 50 metros cuadrados, de media, arrastra un alquiler de 850 euros al mes.
De forma paralela, las islas también lideramos las hipotecas más caras de España. De media, pagamos 1.257 euros al mes cuando en Asturias -¡atención!- son solamente 520 euros al mes de hipoteca media y en Extremadura -la comunidad más barata- se quedan en 370 euros. Una diferencia con Baleares en negativo de más de 900 euros al mes que se refleja en el nivel de vida de la población y, por ejemplo, en la disponibilidad de los funcionarios públicos del Estado, que rehúyen desplazarse a trabajar a nuestra comunidad. Y es que, con el mismo salario que también cobrarían en Baleares, es mucho más fácil llegar a final de mes en otros puntos de España
Estos datos son los que han dado pie al término ‘emergencia habitacional’ y al cumplimiento de la promesa electoral de Marga Prohens: aprobar antes de los cien días de mandato de un decreto ley de medidas urgentes para revertir la situación.
Un decreto que, simplemente, recoge las peticiones de los profesionales del sector y que ha sido muy bien recibido.
La eficacia del decreto ley del Govern de medidas urgentes para revertir la emergencia habitacional, sin embargo, también necesita de la colaboración imprescindible de los ayuntamientos. Recordar, como ejemplo de la parálisis burocrática que padecen los consistorios, que en Palma el Departamento de Licencias de la concejalía de Urbanismo concede los permisos de una obra nueva dos años después de presentarse los papeles, cuando la ley exige que el trámite se prolongue, como máximo, solamente durante tres meses.
Ante el bloqueo burocrático de los ayuntamientos, el Govern anunciará medidas para acelerar los trámites en los que, también, se verán involucrados los consells insulars y sus planes territoriales.
De hecho, la consellera de Vivienda, Movilidad y Territorio, Marta Vidal, ha anunciado durante el pleno del Parlament celebrado este martes en la cámara balear que espera aprobar a finales de septiembre el nuevo decreto de vivienda.
Vidal ha incidido en que la problemática de la vivienda es el mayor reto, ya que asegura que es lo que de forma más definitiva condiciona la vida de las personas. Por otro lado, la consellera de vivienda también ha anunciado la intención de la Conselleria de crear un observatorio de la vivienda para tener datos propios para tener un registro autonómico.
