Baleares necesita más viviendas de forma urgente. Y ahora mismo.
Este es el mantra que ha repetido de forma recurrente la consellera d’Habitatge del Govern de les Illes Balears en la comparecencia voluntaria que ha protagonizado en el Parlament para exponer la hoja de ruta que marcara su mandato. Más viviendas y ahora mismo.
Con más de cien mil pisos vacíos en Baleares -uno de cada seis según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística-, la prioridad inmediata es que sus propietarios los pongan en el mercado de alquiler a largo plazo y, por tanto, los retiren del alquiler turístico.
Para conseguir este objetivo es imprescindible sobrepasar el temor a los okupas de los impagados, un problema que no se produce en el mercado del alquiler turístico.
Recordar que los okupas de los impagados son aquellos inquilinos que, tras suscribir un contrato de alquiler de larga duración, se instalan y -a partir del segundo mes o los siguientes- dejan de cumplir sus obligaciones económicas con los propietarios.
Además, con la Ley de la Vivienda española aprobada en las postrimerías de la última legislatura por el Gobierno de Pedro Sánchez, es el propietario del piso el que debe demostrar que el inquilino deudor, para proceder a su desalojo, sí puede asumir el pago del alquiler. Es decir, complica aún más los desahucios.
Y, precisamente con esta Ley de la Vivienda de España a punto de ser recurrida por el Govern ante el Tribunal Constitucional, la consellera Marta Vidal anuncia que será el propio ejecutivo balear el que garantizará a los propietarios el cobro de todos sus alquilares impagados y, además, el retorno de las viviendas okupadas en perfecto estado.
Estas garantías serán objeto de negociación con los sectores implicados y redactadas de la mano de los especialistas inmobiliarios. Entrarán en vigor una vez sea aprobado el decreto ley de medidas urgentes en materia habitacional en el Parlament y, además, cuando la Conselleria d’Economia habilite las partidas económicas necesarias.
