"No se puede criminalizar la iniciativa privada cuando hablamos de vivienda", ha advertido la presidenta del Govern, Marga Prohens, afirmando que "la Administración pública debe hacer su trabajo pero es una responsabilidad compartida con el sector privado".
El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema para muchos de los ciudadanos de las Islas. Conscientes de esta dificultad, el Govern ha presentado al sector de la vivienda, Consells Insulars y ayuntamientos el primer decreto de emergencia habitacional de las Islas que se aprobará este mes y que supone un coste cero para la administración.
"Es un decreto que supone un coste cero para la Administración y supone cero consumo de territorio ya que incide sobre vivienda ya construida y da herramientas a otras administraciones y al sector privado para adaptar las viviendas a la emergencia habitacional", ha explicado Prohens.
Entre las principales novedades, el decreto contempla cambios de uso y reconversión de locales en viviendas, así como aumentar las densidades, crecer en altura, ceder terrenos públicos a la iniciativa privada y aprovechar construcciones en suelo urbano inacabadas fuera de ordenación.
"Buscamos que sean medidas eficaces y de aplicación inmediata para tener resultados de manera evidente y efectiva en el breve plazo de tiempo posible", ha señalado la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal.
Unas medidas que pueden aplicarse tanto en vivienda antigua o de nueva construcción. "Todas las medidas que se adoptan solo pueden dar lugar a viviendas de precio limitado o Viviendas de Protección Oficial (VPO)", ha indicado Vidal.
Podrán beneficiarse de estas medidas personas físicas mayores de edad que no sean propietarias al 100% de ninguna otra propiedad a nivel estatal.
Eso sí, desde el Ejecutivo balear han dejado claro que todas las actuaciones que se acojan al decreto implican que estos inmuebles tengan un precio limitado.
A la hora de establecer el precio se tendrán en cuenta tres variables: la superficie útil, la tarjeta de eficiencia energética y la ubicación.
Asimismo, la normativa también da autonomía a los consistorios, por lo que a través del pleno municipal, podrán decidir si aplican de forma total, parcial o dejan sin efecto estas medidas.
Para asegurar que las medidas tienen una eficacia inmediata, el decreto ley tendrá una duración limitada. Por lo que habrá dos años para realizar las peticiones y tras ser autorizadas, habrá un máximo de tres años para su ejecución. Desde el Govern han asegurado que este no será la única medida, sino que pondrán en marcha algunas más en materia de vivienda.
Precisamente, el Consolat de Mar ha acogido la reunión del Govern con el sector de la vivienda y la administración pública para presentar el decreto de emergencia habitacional.
Desde la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) su vicepresidente, Jorge Forteza, ha agradecido que el nuevo Ejecutivo escuche y tenga en cuenta al sector.
"El nuevo Govern sí nos tiene en cuenta y escucha nuestras peticiones", ha afirmado Forteza, añadiendo que "las medidas tienen un potencial bastante interesante. Los efectos pueden ser bastante ágiles".
