Una operación paralizada en los Juzgados desde el pasado 26 de junio tras el recurso interpuesto por la propia constructora, Metrovacesa, y a la que ahora renuncia el nuevo Govern por presuntas ilegalidades y la existencia de informes negativos elaborados por los propios técnicos del IBAVI según ha asegurado Marta Vidal, la nueva consellera de Vivienda.
Se trataría, pues, "de una decisión adoptada con informes desfavorables, sin informes jurídicos y sin la memoria legalmente exigible conforme a la ley del Govern para las actuaciones de un ejecutivo en funciones".
Vidal, además, ha asegurado que la operación tenía un sobrecoste del 40%, alcanzando los diez millones de euros de un montante final que rondaría los 29. "La media del precio de adquisición de las viviendas por parte del IBAVI es de 1.000 euros el metro cuadrado y aquí hablamos de una adquisición a 3.800 euros".
Tras detectar estas presuntas irregularidades, el ejecutivo liderado por Marga Prohens ha decidido poner en manos de la Fiscalía el expediente relativo a esta operación. "Tenemos la obligación, como todo servidor público, de que cuando vemos situaciones que pueden resultar anómalas transmitir el expediente a Fiscalía que es quién debe valorar si hay o no indicios" de delito.
Preguntado sobre la motivación que habría impulsado al anterior ejecutivo a tratar de cerrar esta compra de última hora, el vicepresidente Antoni Costa ha señalado que, en cualquier caso, no atiende a cuestiones técnicas. "Parece más una decisión política que no una decisión técnica", ha manifestado Costa, quien poco después ha añadido que "la realidad es que nos encontrábamos prácticamente, bueno, plenamente en campaña electoral.
Una vez anunciada su intención de revocar esta operación, el Govern se ha reunido ya con Metrovacesa, desde donde han mostrado su predisposición a no solicitar ninguna indemnización a cargo de las arcas públicas gracias, según Vidal, "a que lo habremos conseguido frenar".
La titular de Vivienda ha ordenado una auditoría completa de la actividad y la gestión del IBAVI más reciente. Costa, por su parte, ha indicado que "se iniciará el procedimiento para la devolución de los 17 millones de euros detraídos a nivel presupuestario a Ports IB y de los 9 millones restantes a las cuentas generales del Govern de les Illes Balears".
