La revisión del PTI, que fue aprobado por primera vez hace veinte años (2003), incluye la actualización de la regulación insular en materias trascendentales para articular las actividades económicas y sociales en el territorio de Menorca de manera sostenible. Se puede afirmar que este ha sido un factor determinante para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y ha permitido la ordenación de las actividades económicas y sociales sin perder el equilibrio necesario para mantener la sostenibilidad de este crecimiento.
Gracias a la actualización de este documento se podrá avanzar con los retos actuales los cuales requieren de una respuesta urgente como lo son el acceso a la vivienda, las exigencias del cambio climático en materia de energía o recursos naturales, como el agua, la ordenación de la actividad turística, y la preservación del campo y el campesinado.
De este modo, la revisión del Plan incluye que el 30% de los suelos en los nuevos crecimientos urbanos se reserve para la construcción de vivienda pública, y se establece que los cascos urbanos se tienen que destinar de manera exclusiva a la vivienda para residentes, quedando, así, excluido el alquiler turístico, el cual solo se podrá llevar a cabo de manera exclusiva en las zonas turísticas ya desarrolladas.
En esta misma línea, el suelo rústico seguirá destinado a actividades agrarias y como novedades se permitirán las agroestades que se añaden a las actividades ya permitidas a las de agroturismos y hoteles rurales, siempre vinculados al mantenimiento de la actividad agraria.
También se definen los espacios que se podrán destinar a la creación de parques de energías renovables, haciéndolo compatible con la preservación del paisaje de Menorca y las actividades del campo, y el que permite también una mayor agilización administrativa y avanzar de manera más rápida hacia la transición de energías limpias.
