El Ayuntamiento de Alaró ha conseguido dar solución a un conflicto urbanístico que arrastraba desde el 2006 y que habría podido suponer el derribo del edificio de viviendas levantado en el solar del antiguo cine Fantasio.
El Consell de Mallorca ha aprobado dentro de la Comisión Balear de Urbanismo la modificación definitiva de la normativa urbanística municipal impulsada por el Ayuntamiento, que da cobertura legal a este inmueble, evita su derribo y tener que dejar sin hogar a una quincena de familias que, esto si, hubieran tenido derecho a una indemnización.
Los juzgados así lo certificaron y decretaron que la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento era ilegal. Mientras las viviendas ya se habían vendido y vivían diferentes propietarios que fueron desde el principio los verdaderos afectados.
De hecho, la justicia decretó que, tanto el Ayuntamiento como el constructor se tendrían que hacer responsables de indemnizar los propietarios. El consistorio incluso se vio obligado a habilitar un aval de 3,5 millones de euros con cuyo objeto
Las sentencias judiciales se fueron sucediendo a lo largo del tiempo hasta que el 2021 se llegó a decretar una orden judicial de ejecución de sentencia y de derribo del edificio. Los tribunales ya habían apuntado que una modificación urbanística podía ser la solución para salvar este inmueble.
El año 2021 se llegó a un acuerdo transaccional que ha permitido salvar la edificación, con el compromiso de modificar el planeamiento. Ahora solo faltará que, una vez modificado el planeamiento se puedan legalizar definitivamente los inmuebles con el correspondiente final de obra.
El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló ha explicado que "con esta medida damos una salida a las familias que vivían con una permanente espada de Damocles encima sus cabezas y que habrían tenido que abandonar sus hogares. Y es que más allá de reclamar indemnizaciones lo que querían estas personas solo era conservar su casa".
"Hemos hecho trabajo de lo lindo esta legislatura para conseguir esta solución y ahora lo hemos conseguido, solucionando un problema a las familias y defendiendo la hacienda municipal, por que los costes hubieran hipotecado el ayuntamiento años y años", asegura Perelló.
Perelló ha agradecido la colaboración institucional del Consejo de Mallorca que ha permitido dar una solución viable a un problema jurídico complicado que nos hubiera obligado a tener que derribar todo el edificio e invertir un millón de euros en esta operación.
La historia de este caso arranca hace 17 años cuando un particular denunció que el edificio en cuestión entraba dentro de la zona pública de la calle unos 40 centímetros de fachada; lo que se traducía en un total de 11 metros cuadrados.
