El ‘modus operandi’ era muy sencillo y replica lo que hemos visto en repetidas ocasiones en las películas de mafiosos. Un hombre se acerca a una obra y propone a los encargados proteger las instalaciones y el material de posibles robos y actos vandálicos. Es rechazado ya que esta oferta viene de una empresa ilegal, que no cumple con las exigencias del Ministerio del Interior, que no está dada de alta en la Seguridad Social y que, además, no tiene el respaldo de ninguna aseguradora por los daños que se puedan producir.
En las horas siguientes, sin embargo, en esa misma obra se producen robos, se llevan parte de la maquinaria y aparecen destrozados trabajos ya realizados. A la mañana siguiente, regresa el individuo a la obra y vuelve a ofrecer sus servicios de seguridad al encargado. Inmediatamente es contratado pese a que, en caso de producirse alguna inspección (como así ha sido), ello supondrá una altísima multa.
El escenario de todo este entramado delictivo no es Harlem ni Sicilia. Es el Polígono de Levante de Palma, junto al conflictivo barrio de La Soledad.
Según denuncian los perjudicados, estas bandas de extorsionadores controlan múltiples obras en toda la isla, incluso en la Península. De hecho, afirman fuentes policiales, en el Polígono de Levante de Palma -ahora rebautizado como Nou Llevant- la práctica totalidad de las obras en marcha, todas ellas de pisos de alto standing, están bajo la opresión de estos delincuentes.
Las constructoras deberán ahora defenderse en los tribunales por sus irregularidades y el sector espera, asimismo, que la Policía Nacional también focalice sus esfuerzos en acabar con el verdadero origen del problema: las bandas de extorsionadores mafiosos.
