Las evidencias caen por su propio peso y la presidenta Francina Armengol no ha podido menos que reconocer en Binissalem, en el momento de poner la primera piedra de una nueva promoción de viviendas sociales, que el precio de las casas en Baleares es un grave problema social que se arrastra en los ocho años de su mandato. Un hándicap para lograr la emancipación de los más jóvenes o mejorar el hogar de las familias de nuestra comunidad.
Las soluciones al problema se suceden una detrás de la otra desde múltiples ámbitos: los partidos políticos, los constructores y promotores inmobiliarios, el tercer sector e, incluso, las asociaciones cívicas.
Sin embargo, hay una coincidencia en todos ellos: la burocracia frena la concreción de los proyectos inmobiliarios. Desde el momento en el cual un promotor urbanístico consigue un terreno urbano para edificar viviendas hasta que se entregan las llaves a sus nuevos moradores, decenas -por no decir centenares- de trámites administrativos van haciendo perder fuelle a la iniciativa.
Aligerar la burocracia es, de hecho, una de las principales reivindicaciones del Foro Empresarial de la Construcción de CAEB.
El Govern, que también es promotor inmobiliario de las viviendas sociales para alquiler y copromotor de las que se construyen a precio tasado para compraventa, sin embargo, se ha curado en salud y para él mismo ha creado un atajo que le permite no tener que sufrir lo que padecen los empresarios privados.
En el decreto ley para activar las ayudas contra los destrozos provocados por la borrasca Juliette, el propio Govern ha colado una disposición adicional, la segunda, que no tiene nada que ver ni con la nieve ni con los sembrados helados y que significa, de facto, un eximente del papeleo sólo para el mismo.
El propio ejecutivo Armengol podrá declarar de interés autonómico todas sus propias promociones inmobiliarias y, con ello, quedar exento de múltiples permisos, licencias e informes burocráticos.
Hecha la ley, hecha la trampa. El Govern de Armengol decreta que el Govern de Armengol no tiene que cumplir los trámites burocráticos que el propio Govern de Armengol sí exige al resto de las empresas promotoras inmobiliarias privadas. Y todo ello, recordémoslo, a través de un decreto ley sobre la borrasca Juliette.
