La plataforma por la igualdad de los servicios públicos (Unisep) ha vuelto a denunciar la falta de profesionales sanitarios, docentes, funcionarios, políticos y guardias civiles que sufre Baleares, una situación que se está agravando todavía más a causa del elevado coste de vida que hay en las Islas.
"No solo es que se van, sino que tampoco quieren venir. O mejor dicho, no pueden venir a Baleares", ha asegurado el representante de CSIF Baleares, Mateu García, mientras que el secretario regional de Jupol Baleares, Chechu Enrique, ha denunciado que "en Baleares tenemos un déficit de unos 300 policías y unos 700 u 800 guardias civiles". "La necesidad de incrementar año tras año los refuerzos de la Guardia Civil en verano se debe al déficit de plantilla que tenemos", ha señalado el secretario provincial de Jucil, Tomás Quesada.
Por ello, desde la plataforma han pedido a la presidenta del Govern que se reúna con ellos de una vez por todas, con el objetivo de frenar la marcha de profesionales públicos. Y parte de la solución pasa por actualizar este complemento salarial, equiparándolo a Ceuta y Melilla.
"Lo que queremos evidentemente es que se actualice", ha destacado el presidente de Simebal, Miguel Lázaro, añadiendo que "queremos equipararnos con Ceuta y Melilla en Menorca, Ibiza y Formentera y Mallorca con las islas menores de Canarias". Además, Lázaro ha manifestado que "a día de hoy, para captar profesionales de los diferentes ámbitos y para fidelizarlos, hace falta actualizar el complemento de residencia, que lleva bloqueado desde 2007".
Y en caso de que Francina Armengol no los reciba, la plataforma UNISEP ya ha anunciado que llevará a cabo nuevas movilizaciones. "Hemos decidido dar un ultimátum al Govern", ha advertido el presidente de ANPE, Víctor Villatoro, añadiendo que "hemos convocado tres sábados consecutivos de manifestaciones en Mallorca, Menorca e Ibiza. Serán los días 18 y 25 de marzo y el uno de abril". Eso sí, en caso de que Armengol acepte reunirse, paralizarán las protestas.
Desde Unisep tienen claro que esta falta de profesionales públicos se traduce en la degradación de los servicios que se ofrecen, siendo la ciudadanía balear la principal perjudicada por toda esta situación.