El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha explicado que "esta cifra récord" supone una mejora no solo en la cantidad total, sino también en el porcentaje y en la temporalidad, y es que por primera vez el Consell podrá financiar el 75% de aquellas inversiones financieramente sostenibles, de eficiencia hídrica o de eficiencia energética que propongan los ayuntamientos, superando así el 50% al que se limitaba hasta ahora. Además, gracias a la nueva Ley de Consells, los ayuntamientos tendrán 4 años para justificar las obras, y no solo uno como hasta ahora.
El presidente ha explicado que este importante incremento se debe, por una parte "a la firme propuesta de esta legislatura para el municipalismo, estando al lado de todos los consistorios y de todas sus inversiones importantes", y a la normalización del Servicio Insular de Extinción de Incendios, que es un servicio municipal que hasta ahora cubría mayoritariamente el Consell d'Eivissa y que ahora, con la corrección de esta anomalía, permitirá "hacer mejoras e inversiones para hacer crecer este servicio que los municipios de más de 20.000 habitantes están obligados a prestar".
Los criterios de reparto vienen definidos por una ecuación en la que se pondera el total de población de cada municipio (62,50% de criterios de reparto) y la superficie total del municipio (37,5% de criterios de reparto) y nace de una propuesta planteada en el sí del Consejo de Alcaldes del 7 de enero de 2020 y posteriores. Este reparto del Pla5 de Cooperación Municipal sustituye los anteriores PIOS para los cuales, por ejemplo en 2019, cada ayuntamiento recibió únicamente 100.000 euros.
En esta reunión también se han tratado otros asuntos, como el análisis de la situación del Port d'Eivissa en referencia a la llegada de cruceros, la propuesta de ATEIF (Associació d'Anàlisi Turístic d'Eivissa i Formentera) para la creación de un barómetro turístico de Eivissa, las pruebas para la obtención de la licencia municipal de conductor de taxi (a propuesta del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia), y la afectación del decreto 10/2022 del Govern de medidas urgentes en materia urbanística en las zonas industriales de Eivissa (a propuesta del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu).
