Baleares tiene un verdadero problema en materia de vivienda, y la solución no será una realidad a corto o medio plazo. Actualmente, los ciudadanos de las islas son los terceros de todo el estado español que más porcentaje de sus ingresos deben destinar al pago de sus viviendas. De hecho, un estudio ha constatado que los palmesanos deben destinar una media del 50 por ciento de sus rentas al pago del alquiler. Este porcentaje puede llegar incluso al 90% en zonas tradicionalmente dedicadas al turismo, donde mucha de su oferta se dedica a alquiler turístico. Según los expertos, el problema se remonta a los años 80, cuando se paró en seco la construcción de vivienda social, que unida al hecho de que Baleares cuenta con un territorio muy limitado, a la prohibición de la construcción en vertical, el aumento poblacional y la falta de voluntad política para reconvertir el uso de determinados inmuebles, como locales y antiguos hoteles, para destinarlo a vivienda, hacen que el parque inmobiliario del archipiélago sea insuficiente.
Como medida alternativa, en algunas ciudades se están llevando a cabo proyectos de construcción de viviendas con materiales reciclados, para abaratar costes y poder ofrecer viviendas a precios más asequibles, una idea que ha hecho que muchos partidos se hayan posicionado en contra de forma tajante, cuando para COAPI que los ayuntamientos aprueben normativas que permitan la construcción en coliving podría ser una solución viable al problema de la necesidad de vivienda temporal que se vive en temporada alta.
Precisamente esta incapacidad de los trabajadores de temporada de encontrar una vivienda en los meses de verano, hace que muchas empresas sean incapaces de cubrir sus puestos de trabajo, con el consiguiente perjuicio para sus negocios, que, no olvidemos, que constituyen el motor económico del archipiélago.
Con este panorama, no solo social, sino también económico, se convierte en necesario para Govern y oposición, estudiar bien todas las opciones al alcance de la mano, antes que desecharlas sin valorar el beneficio que una idea bien desarrollada podría aportar a las Islas.
Para paliar los efectos de la subida desproporcionada de la vivienda, el Govern estudia, entre otras medidas, la posibilidad de intervenir los precios del alquiler o limitar la venta a no residentes. Los expertos ponen en duda sus beneficios. En otras ciudades se ha demostrado que, ante las limitaciones gubernamentales, muchos propietarios deciden cerrar las puertas de sus viviendas. El motivo es que prefieren dejarlas vacías que ofrecerlas a precios que no consideran rentables. Esto, al final, reduce significativamente la cantidad disponible de viviendas.
La búsqueda de una vivienda asequible no es el único quebradero de cabeza para los ciudadanos de las Islas. Los problemas relacionados con los alquileres y sus reclamaciones están aumentando de forma considerable. Tanto es así, que Consubal ha puesto en marcha una Oficina de Defensa de los Derechos de los Inquilinos. Se trata de un servicio gratuito que la asociación pone a disposición de la ciudadanía, para asesorar a todas aquellas personas que lo necesiten. Tan sólo deben ponerse en contacto con Consubal, quienes les indicarán los pasos que deben seguir para hacer uso de sus servicios.
