Con un simple clic, la sentencia del Tribunal Supremo español que confirma la prohibición en Palma del alquiler turístico de pisos en fincas plurifamiliares se topa de bruces con la realidad.
Habitaciones en El Terreno, pisos en la calle 31 de Diciembre, viviendas en fincas del ensanche, Santa Catalina y Pere Garau y miles de otras oportunidades de vacaciones en Palma esperan en la red a que turistas de toda Europa den su ok y, enseguida, preparen ya sus mochilas y maletas para viajar a la capital balear.
El decreto del Ajuntament de Palma que prohíbe esta práctica extendida en todas las grandes ciudades del mundo, además de una sentencia del Supremo, requiere de un sistema de control y fiscalización que, por ahora, se muestra parco para controlar las ilegalidades. Unas inspecciones cuya responsabilidad no recae en el consistorio palmesano sino en el Consell de Mallorca.
La institución insular cuenta con solo 15 inspectores para controlar todo el ámbito del turismo en Mallorca, desde hoteles a apartamentos, bares, restaurantes y oferta complementaria. De hecho, en el año 2021 los inspectores del Consell realizaron 245 inspecciones en el término municipal de Palma, un municipio con más de 400.000 habitantes y miles de plazas hoteleras. Ni siquiera una inspección al día. Con estas cifras, solo se consiguieron imponer poco más de cien sanciones.
Asimismo, recordar que la multa impuesta por el Govern balear a la plataforma Airbnb por alquilar pisos turísticos a través de su página web fue anulada por el Tribunal de Justicia de Europa en cumplimiento de la normativa comunitaria, que prohíbe cualquier tipo de restricción a la libre iniciativa empresarial y a la circulación de personas.
Según los expertos, la prohibición municipal que prohíbe el alquiler turístico en edificios plurifamiliares requiere, para ser efectiva, de una ley española que la ampare y de un reglamento europeo que permita limitar esta actividad. Sin estas normas, la Sentencia pierde gran parte de su eficacia.
