El Gobierno, a través de su ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba a finales de enero que las mascarillas dejarían de ser obligatorias en el transporte público, aunque su uso se mantendrá en establecimientos sanitarios y centros sociosanitarios, como los hospitales, las farmacias y las residencias. La votación de la propuesta de eliminarlas en este ámbito, se programaba para el martes 7 de febrero, atendiendo a la situación de estabilidad epidemiológica del covid-19 y los informes de expertos y sociedades científicas. Una decisión que se consensuará con las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud, previsto previsiblemente para la próxima semana.
Esta medida, de eliminación de mascarillas en el transporte, levanta opiniones variadas entre los usuarios; mientras unos respiran aliviados ante la idea de poder viajar sin tener que tapar nariz y boca, otros se muestran recelosos ante la presencia del covid en espacios cerrados.
Estén a favor o en contra de su uso, lo que sí ha quedado demostrado es que es una buena herramienta para evitar la propagación de virus y que su utilización en el transporte, a partir de ahora, queda a criterio de cada uno.
