Cuando el servicio de inspección turística del Consell d'Eivissa revisó esta vivienda, se constató que había dos personas alojadas que habían hecho una reserva a través de un portal comercializador para una estancia de once noches. Se tramitó así el expediente sancionador por infracción en materia de turismo por la publicidad, contratación y comercialización de la vivienda sin haber sido presentada la correspondiente declaración responsable de iniciativa actividad turística, por un importe de 20.000 euros. El anfitrión reconoció los hechos y la sanción quedó reducida en un 20%, bajando así a los 16.000,80 euros.
El conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrsusismo, Mariano Juan, ha señalado que a lo largo de esta legislatura "la lucha contra el intrusismo es uno de nuestros objetivos principales y hemos dado importantes pasos en este sentido", recordando el protocolo con Airbnb que supone buscar a los infractores "y hemos conseguido con la reforma de la Ley Turística elevar las sanciones por estos hechos que ahora son de 40.000 euros, con una calificación de muy grave".
Juan ha seguido relatando los avances registrados esta legislatura en materia de inspecciones turísticas, como el impulso dado desde el Consell d'Eivissa con la reforma de Ley para que los inspectores turísticos puedan hacer reservas de incógnito, se ha conseguido que Airbnb identifique a los anfitriones de las viviendas anunciadas y comercializadas ilegalmente, "e insistimos en que con las sanciones no se arreglará el problema: el Govern tiene que aceptar la propuesta del Consell d'Eivissa para cerrar pisos turísticos ilegales cuando se denuncien: es la única manera de enviar un mensaje contundente a los infractores y evitar que esta problemática continúe".
