El Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Eivissa ha resuelto ordenar la demolición de una vivienda de nueva planta de 235 m2 de superficie construida y un anexo construidos ilegalmente en la finca Villa Rocío en Suelo Rústico Protegido Área de Protección Territorial de Costa (SRP-APT-Costa). El departamento de Gestión del Territorio detectó a finales de 2021 que en la finca llamada “Villa Rocío” situada en Can Toni Fita (TM San José de Sa Talaia) se estaban ejecutando obras consistentes en la construcción de una nueva vivienda sin disponer de licencia urbanística que le amparase. Como consecuencia de este hecho, el Departamento de Gestión del Territorio resolvió ordenar la inmediata paralización de las obras así como incoar el correspondiente expediente de disciplina urbanística. Sin embargo, la propiedad incumplió la orden de paralización y prosiguió con las obras por lo que ésta se enfrenta a multas coercitivas que ascienden a 116.288,23 euros. Asimismo, se han remitido todas las actuaciones a la Fiscalía de Eivissa por si estos hechos fueran constitutivos de delito. Por último, una vez instruido y resuelto el procedimiento de restablecimiento, la promotora ha presentado voluntariamente un proyecto de demolición ante el Consell Insular que ha sido informado favorablemente. Ahora, el ayuntamiento de Sant Josep dispone de un mes para comprobar que el proyecto presentado contiene toda la documentación necesaria y una vez agotado este plazo, la promotora dispondrá de cuatro meses para ejecutar la demolición.
A lo largo de esta legislatura, el departamento de Gestión del Territorio ha conseguido que se derriben cinco construcciones ilegales (una vivienda en Cala d'Hort, una vivienda en Corona, dos construcciones tipo yurta en ANEI y una instalación en costas) y ha remitido a Fiscalía seis denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido que, además de su correspondiente sanción, desde el Departament de Gestió del Territori se recuerda que estos hechos pueden contar penas de hasta cuatro años de cárcel .
El consejero de Gestión del Territorio, Mariano Juan, ha explicado que los expedientes de disciplina urbanística "se han multiplicado exponencialmente en los últimos años" recordando que en el último año 2021 se han abierto 26 procedimientos contra posibles infracciones urbanísticas en suelo rústico, lo que supone seis más que en el año 2020 y 19 más que en 2018. De estos expedientes, en 2021 se han estado tramitando 4.412.000 euros en procedimientos sancionadores, lo que supone un aumento del 3.600% respecto a 2018, cuando se tramitaron 120.000 euros. En cuanto a medidas cautelares, como paralizaciones de obras y precintos, en 2021 fueron 16, frente a los dos de 2019 o los 7 de 2020. Las investigaciones en disciplina urbanística alcanzaron los 76 casos en 2021. “Estamos trabajando en ofrecer un balance del recientemente finalizado año 2022, pero ya podemos avanzar que los datos en disciplina urbanística siguen aumentando, lo que demuestra que uno de nuestros objetivos de legislatura, acabar con la sensación de impunidad, de que todo no vale en Eivissa, se está logrando ” ha concluido Juan.
