Más allá de cada caso particular, un trabajador que hoy mismo se jubila ingresará -de media- 1.572 euros mensuales, más dos pagas extras. Evidentemente, mucho más de lo que se lleva a casa un asalariado que cobra el Sueldo Mínimo Interprofesional. Este desequilibrio provoca que el sistema de pensiones de España esté, de facto, quebrado. Por ello la Unión Europea le ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que, a cambio de recibir los fondos de recuperación post Covid, reconduzca la situación.
La solución para los ‘hombres de negro’ de Bruselas es muy sencilla: trabajar más años para cotizar más y, en paralelo, bajar la cuantía de las pensiones. Negro sobre blanco: más esfuerzo para una menor recompensa.
La última propuesta del ministro responsable de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, es contabilizar los últimos 35 años trabajados para determinar la pensión a cobrar, con la posibilidad de eliminar de esta ecuación los dos años con menos ingresos.
Ahora mismo los años a contabilizar son los últimos 25, aunque no hace tanto eran solamente 15. Esta subida constante de los períodos temporales que determinan la pensión final lleva paralelamente a la disminución de su cuantía. Y es que, según las estadísticas, en los primeros años trabajados los sueldos son más bajos por lo que, al incluirlos también en el cálculo general, la pensión es -al final de todo- mucho más baja.
Pero aún hay más y la cosa puede empeorar. España es el único país de nuestro entorno europeo en el que la cotización de las pensiones no contempla, como reclama la unión, absolutamente toda la vida laboral. Con ello, y a través de una simple regla de tres, al aumentar los años del cálculo disminuirán paralelamente los euros a cobrar.
Al mismo tiempo que se vislumbran en el horizonte los nuevos recortes -que los socios de Podemos en el Gobierno de España y los sindicatos rechazan de plano-, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha cambiado las reglas legales sobre la revalorización anual de estas mismas pensiones, sobre todo ahora que los precios de todo suben sin parar y la inflación no deja de crecer. A partir del 1 de enero de 2023, todos los jubilados verán como sus pensiones se revalorizan en un 8,5 por ciento, un aumento de sueldo que ningún sector productivo de España podrá disfrutar.
En pleno año pre electoral, pues, los más de seis millones de pensionistas españoles irán a votar con un considerable aumento de sueldo en sus cuentas corrientes. Un buen motivo a la hora de inclinar el voto hacia un lado o hacia otro.
Una propuesta ante la que las diferentes Plataformas y Movimientos de Pensionistas en España, también en Baleares, ya han mostrado su rechazo. De hecho, hoy mismo en Palma, la Coordinadora Balear por la Defensa de las Pensiones Públicas se ha reunido con la delegada del Gobierno, Aina Calvo, para mostrar su oposición ante esta posible medida.
