En el informe se han incorporado una serie de enmiendas de la delegación española del PP, presentadas por la eurodiputada Rosa Estaràs, que ha celebrado la aprobación del informe y de las enmiendas del PP, que persiguen “aumentar la protección de los niños y niñas que viven en estos centros”.
Por otro lado, ha lamentado que la izquierda haya decidido ausentarse de la votación: “Hacen un flaco favor a la democracia, que se tiene que respetar cuando se gana y, sobre todo, cuando se pierde. Se da la paradoja que algunas de sus enmiendas se han aprobado con nuestro voto, en ausencia de quienes las tenían que defender”.
Estaràs ha destacado el empeño de la Comisión de Peticiones y de los grupos parlamentarios en la elaboración del informe (que han apoyado parlamentarios EPP, Renew, ECR y 3 independientes) para conseguir que “jamás se vuelva a normalizar que una menor entrara en una red de prostitución o ser acosada sexualmente”.
Por eso es tan importante que se haya aprobado un “exhaustivo seguimiento” de la implementación de las medidas propuestas por el Parlamento en las Islas Baleares, como ha pedido Estaràs en una enmienda, debido a la gravedad de la situación, ya es la comunidad autónoma con un número de casos de abuso sexual más elevado de España.
Tras escuchar la dureza y contundencia de los testimonios de las víctimas y a sus familias y a las autoridades gubernamentales, policiales y judiciales, el PP ha considerado clave pedir la personación inmediata de las autoridades responsables de las tutelas en defensa de los menores, así como “planes protocolos de actuación claros” ante posibles casos de explotación sexual, dos enmiendas del PP aprobadas e incorporadas en el informe.
También se ha aprobado “sugerir a las autoridades competentes proporcionen a la policía todos los mecanismos pertinentes para agilizar, de forma prioritaria, la búsqueda de los menores que han escapado de los centros debido a su alta vulnerabilidad”.
En cuanto a la manera en la que tienen lugar estos abusos, se ha aprobado, a instancias del PP, “establecer mecanismos para evitar el uso de las nuevas tecnologías como instrumentos de captación de las organizaciones delictivas”.
El informe ha incluido también la petición de los populares de incrementar sustancialmente los recursos destinados al sistema de protección de menores, para posibilitar intervenciones individualizadas y atención permanente.
Asimismo, refleja la necesidad de hacer un esfuerzo en la prevención de estos casos y en la identificación temprana de casos de abusos y explotación sexual, así como en la formación especializada para el personal del centro.
En cuanto a las familias, pide “inversiones continuas para crear una amplia red de apoyo a familiares al objeto de prevenir futuras conductas de riesgo” y también acompañar a los adolescentes mayores de 18 años y contribuir a su formación y ocupación futura.
