Estaràs ha enumerado, en presencia del Consejo y la Comisión Europea y del resto de los eurodiputados, algunas de las excarcelaciones y rebajas de condena ocurridas en diferentes comunidades autónomas: “Madrid. Hombre condenado por obligar a una mujer con 65% de discapacidad a realizar sexo oral: en libertad. Hombre condenado por abuso sexual a su sobrina de 4 años: en libertad. Profesor condenado por abusos sexuales a 4 alumnos: en libertad”.
“Baleares. Dos hombres condenados por agresión sexual: en libertad. La victima ha dicho que se siente humillada y hundida y que ha vuelto a revivir todo el proceso”.
“Galicia. Hombre condenado por agresión sexual con acceso carnal: en libertad”.
“Hombre condenado por penetrar a su hijastra de 13 años: rebaja de condena. Hombre condenado por violar a una amiga en su casa: rebaja de condena”.
La eurodiputada y miembro de la Comisión de la Mujer del Parlamento Europeo ha recordado que estos son solo algunos de los casos y que incluso la Audiencia de Barcelona ha reconocido tener que imponer una pena más baja para ajustarse a una nueva ley en un caso de una violación.
Ante este goteo de excarcelaciones y revisiones de condena, Estaràs ha denunciado que “la norma desprotege a los más vulnerables, las mujeres niñas y niños, a la infancia” y lo ha calificado como “un daño irreparable”.
Además, ha lamentado que la única respuesta del Gobierno haya sido “atacar a los jueces”, algo que ha sido duramente criticado por el Consejo General del Poder Judicial y también por la Asociación Europea de Jueces.
La eurodiputada ha hecho hincapié en que fueron precisamente quienes, junto a otros colectivos (como el propio Partido Popular) advirtieron de que esto podía ocurrir en sus informes, que fueron ignorados por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.
Estaràs, que ha insistido en que “las mujeres españolas están en una situación muy complicada” y ha recordado que el lema “No estás sola” utilizado anteriormente debe cumplirse, para lo que es necesario rectificar esta ley.
Por último, ha solicitado al Consejo y a la Comisión Europea “que hagan un llamamiento al Gobierno de España para cambiar la ley” para proteger a las víctimas.
